En la década de los años sesenta del siglo XX, el gobierno de Estados Unidos, irresponsablemente, utilizó en sus campañas contra Cuba el secuestro de aviones de pasajeros por sujetos disconformes con la revolución, que eran recibidos en la Florida como valientes combatientes por la democracia.
La soberbia maquinaria mediática de que dispone Washington hizo que, en poco tiempo, esta técnica terrorista de secuestrar naves civiles fuera tan difundida que se convirtió, cual bumerán, en favorito instrumento de muchos disidentes estadounidenses para plantear sus demandas poniendo en peligro las vidas de los pasajeros y tripulantes de aviones norteamericanos que desviaban a Cuba bajo amenaza de hacerlos explotar o de asesinar a sus tripulantes.
Se extendió de tal manera el fenómeno, que la Administración de turno en la Casa Blanca se vio obligada a buscar un diálogo con el gobierno de Cuba para encontrar una solución al insensato engendro de la CIA y otras instituciones de inteligencia y subversión de Estados Unidos. El gobierno de Cuba correspondió a esta urgencia y, por consideraciones humanitarias, contribuyó decisivamente a poner fin a tales prácticas desaconsejándolas con la advertencia de que los secuestradores serían devueltos para ser juzgados por los tribunales de justicia de su país.
Ahora la dictadura mediática mundial que ejerce la superpotencia ha estado fomentando otra campaña que promueve, a nivel global, un delito que pudiera resultar tan peligroso como el secuestro de aviones para la seguridad de muchos países, en primer lugar la de los propios Estados Unidos.
Para la nueva campaña se ha utilizado el inédito acontecimiento de que en Cuba hubiera fallecido por inanición un prisionero que mantuvo una huelga de hambre. Convicto por delitos comunes, el reo había devenido “contrarrevolucionario” por captación en prisión y, exigiendo excepcionales condiciones materiales de internamiento imposibles de satisfacer, se negó a ingerir alimento durante 86 días hasta fallecer pese a los ingentes esfuerzos de los médicos por preservarle la vida sin aplicarle alguno de los inhumanos métodos de alimentación forzada que son excluidos del sistema penitenciario cubano por ser violatorios de los derechos humanos, pero que se utilizan en algunos países, entre ellos Estados Unidos.
El peligro ahora deriva de que la tormenta de reprobaciones y críticas contra Cuba a través de la súper maquinaria publicitaria de los Estados Unidos reverberada en Europa, repercuta en todo el mundo como un estímulo para acciones reivindicativas por parte de los reclusos basadas en huelgas de hambre que, históricamente, han merecido solidaridad y respeto cuando provienen de personas dignas injustamente encarceladas por defender sus ideas progresistas, lo cual no es ni remotamente el caso en el ejemplo citado.
Hay que recordar que en países latinoamericanos hay miles de prisioneros políticos (sólo en Perú hay cerca de mil pertenecientes a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con más de 20 años de reclusión). Lo mismo puede decirse de Europa (solo en España y Francia hay 750 mil vascos del ETA y los GRAPO). Y Estados Unidos tiene la mayor población penal del mundo (aún sin incluir los que están en sus cárceles en territorios ocupados, las secretas, las viajeras u otras ilegítimas por diferentes motivos).
Según datos del Departamento de Justicia norteamericano, en 2008, había 7 millones 300 mil personas controladas por el sistema correccional de ese país, dos millones 300 mil de ellos en prisiones. Uno de cada 198 ciudadanos de Estados Unidos está encarcelado.
Según el “Registro de los derechos humanos en los Estados Unidos en 2009” que dio a la publicidad recientemente el gobierno chino, el estado del sistema penitenciario en Estados Unidos es deplorable. Se estima que en el último año hubo al menos 60.000 violaciones de prisioneros en Estados Unidos. Una encuesta federal reveló que el 4,5 por ciento de los reclusos dice haber sufrido abuso sexual al menos una vez en los doce meses previos. La caótica administración de las cárceles en los Estados Unidos propició una intensa propagación de enfermedades entre los reclusos. Se ha confirmado que en el año 2009 había 20,231 reclusos y 1,913 reclusas portadores de VIH en Estados Unidos, la mayor parte de ellos sin que se les esté proporcionando tratamiento adecuado.
El suicidio es asunto cotidiano debido a las condiciones en la mayoría de las prisiones de las tres regiones señaladas y la huelga de hambre es un paso menos desesperado que el de inmolarse de manera inmediata, sin alternativa ni esperanzas de sobrevivir. De ahí que no se requiera demasiado esfuerzo para estimular a quienes se sientan desesperanzados para que emprendan acciones contra sus vidas que les sean retribuidas, al menos, con la publicidad.
Parece imposible que la Administración demócrata actual de Estados Unidos no comprenda estas cosas. De ahí que tanta gente le atribuya la ceguera con que funcionan la política exterior y la prensa estadounidenses, a una oligarquía que detenta el poder por encima de la Casa Blanca cuyos intereses imperiales de dominación no se relacionan con el bienestar de la ciudadanía estadounidense ni con una sensata política de seguridad nacional.