Muchos cuestionamientos se han levantado contra los organismos de inteligencia, o de seguridad del Estado, como prefieren llamarlos algunos, en virtud de los escándalos recientes que han sacudido el quehacer político nacional, como ha sucedido con la detención y posterior extradición de Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien ostentaba el rango de Capitán del Ejército Nacional; Jesús Figueroa Agosto, el cual, a pesar de ser un supuesto prófugo de la justicia norteamericana llevaba una vida social en este país de la que cualquier jeque árabe sentiría envidia, y el más reciente, el de Arturo del Tiempo marqués y la torre Atiemar.
¿Los organismos de inteligencia están cumpliendo con su función? Según un funcionario de la Procuraduría General de la República, director de un organismo que se ocupa del lavado de activo, los organismos de inteligencia “podrán estar haciendo inteligencia criminal común, pero el problema de los organismos de inteligencia del país es el desafío contra la criminalidad organizada y, básicamente, contra los refugios financieros en este país”.
Cuando se desató el escándalo de Paulino Castillo y se comprobó su pertenencia al ejército dominicano, inmediatamente empezaron cuestionamientos parecidos contra los organismos de seguridad, pero durante las declaraciones vertidas en torno al caso de los Mayores Generales (r), José Miguel Soto Jiménez, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas durante los cuatro años de gobierno de Hipólito Mejía, y Marino Polanco Salvador, Jefe de Estado Mayor del E. N., las cuales no fueron refutadas por nadie, pusieron en evidencia que cada uno de ellos, desde sus respectivas posiciones, informaron al ex-Presidente Mejía acerca de las actividades ilícitas en las que estaba envuelto el ex-Capitán.
De lo que se deduce que tanto el J-2, organismo de inteligencia al servicio de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, como el G-2, su homólogo que sirve a la Jefatura de Estado Mayor del E. N., realizaron su trabajo, ¿por qué en los casos de Figueroa Agosto y de la torre Atiemar no ha sucedido así?
Cuando un organismo de inteligencia investiga, ya sea por cuenta propia u orden superior, los resultados de su investigación son plasmados en un informe que se destina a los funcionarios interesados en esos resultados (Presidente de la República, Procuraduría, Fiscalía, etc.), pero ese informe no obliga al funcionario que lo recibe a tomar una decisión en la dirección correcta, como lo evidencia el hecho de que Hipólito Mejía no cancelara el nombramiento de Quirino como Capitán del E. N. cuando fue informado acerca de las actividades delictivas de éste.
Pero, suponiendo que los organismos de inteligencia no cumplan con su deber, ¿es correcto culparlos de su ineficacia?
Cada Presidente de la República designa, mediante decreto, a los directores de los organismos de inteligencia que, siempre son gente de su confianza, ¿son cuestionables las designaciones realizadas por el Presidente en los organismos de inteligencia?
Las críticas del funcionario de la Procuraduría, si se analizan a fondo, cuestionan la capacidad del Presidente para hacer designaciones en los organismos criticados, aunque por fuerza hay que creer que las hace de manera inconsciente, puesto que es lógico pensar que su designación en el cargo que ocupa la debe no a su capacidad y trayectoria profesional, sino a su membresía en el partido que gobierna, del que Leonel Fernández, cuyo manejo de los organismos de inteligencia él critica, es líder y Presidente.
La criminalidad se ha diversificado tanto que ha adquirido tal complejidad que desborda el radio de acción de los organismos de seguridad. Por ese motivo se han creado otras unidades especializadas, como la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General, para un mayor control de esas actividades, cuya función es ocuparse de que no se comentan violaciones contra la Ley 72-02.