Por solicitud del Ministerio Público, el tribunal también sentenció al acusado a pagar una indemnización de 200 mil pesos a favor de la víctima
SANTIAGO, 4 de junio, 2022.- Por los cargos de violencia de género, violación sexual y abuso sexual y psicológico, además de robo agravado en perjuicio de una menor de edad, el Tercer Tribunal Colegiado de aquí condenó a un hombre a cumplir 20 años de reclusión.
Los jueces José Rafael de Asís, Deyanira Méndez y Yasmín de los Santos acogieron en su totalidad la solicitud del Ministerio Público de imponer la condena de 20 años y una indemnización de 200 mil pesos a favor de la víctima.
El representante del Ministerio Público, Juan Elías Pérez, indicó que los tipos penales bajo los cuales se sometió al escrutinio judicial a Pascal Mitil consisten en violación a los artículos 309-1, 331, 379, 382 y 383 del Código Penal Dominicano.
El litigante dijo, además, que el acusado transgredió el artículo 396, literales A, B y C, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la Ley 24-97, de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, que establece sanciones contra la violencia de género, la violación sexual y el abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad.
En lo que se constituyó como un crimen seguido de otro crimen, Mitil, de nacionalidad haitiana, también cometió robo agravado, por cuanto despojó a la víctima de su teléfono celular y 1,000 pesos en efectivo.
El desglose de los hechos, que tuvieron lugar el 25 de junio de 2018, refiere que el procesado interceptó a la víctima, de 17 años de edad, en una tienda del centro de la ciudad, donde la contaminó con un alucinógeno extraído de una planta conocida como “burundanga”, lo que la invalidó de su voluntad y conciencia.
El expediente establece con minucioso detalle que, junto a un tercero, el hoy condenado condujo a la víctima a su casa, para hacerla buscar dinero, y más tarde la llevó a un hotel donde ambos la violaron sexualmente.
La menor, que luego fue liberada por los malhechores, reveló los hechos al diácono de la Iglesia de su comunidad, quien lo comunicó a sus padres.
El Ministerio Público probó la comisión de los delitos, basándose en el pliego de elementos probatorios que acumuló contra el imputado, incluyendo la evaluación médico forense que arrojó positivo a las muestras de semen del acusado.