Hablar de que se van a realizar “esfuerzos” para reformar la Policía Nacional y de otros temas relacionados, como la violencia de los miembros de ese órgano ejercida contra ciudadanos “de a pie”, es una especie de “bobo” para quienes se dejan cautivar fácilmente con los mismos argumentos del pasado sobre ese tema.
Las promesas de “Transformación y Profesionalización” de la Policía, para que respete los derechos humanos, caen al vacío cuando el Gobierno procura la asesoría de la policía colombiana, una de las más criminales de la región.
Hablar de reforma al respecto, es tratar de ocultar que esa institución, al igual que otras armadas, así como tribunales y las prisiones, en esencia son instrumentos para ejercer la violencia de la clase dominante.
Las malas acciones de ese órgano civil armado, es un reflejo de las desigualdades sociales y económicas imperantes en nuestro país; un retrato de las estructuras y superestructuras de la sociedad.
Se exige que sus agentes actúen con respeto a los derechos humanos, cuando ellos proceden de familias empobrecidas, excluidas y abusadas por un Estado al servicio de minorías insaciables.
Las acciones brutales de los miembros de la Policía van dirigidas principalmente a la población más vulnerable, no así contra los miembros de la clase dominante, responsables de la violencia social.
¿Por qué los órganos represores no actúan con la misma energía contra los que se han robado y se roban los recursos públicos? Porque estos responden a los intereses de quienes detentan el poder económico y político.
Desde su fundación, la Policía Nacional ha sido usada para reprimir a los de abajo y proteger a los de arriba. Podrán ponerle parches, pero seguirá siendo el mismo órgano represor de un sistema decadente.