SANTO DOMINGO, 20 de abril, 2022.- La Cámara de Cuentas publicó la víspera la investigación realizada al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) durante el período comprendido entre los meses de abril y agosto del año 2020, gestión en la que estuvo al frente la exfuncionaria del Gobierno de Danilo Medina, Greybby María Cuello Coste.
Aseguró el CONANI que durante esos meses la gestión de Cuello Coste, quien es mencionada en el caso Coral 5G, incurrió en varias irregularidades e inobservancias a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, práctica reflejada en el libramiento de fondos públicos sin la sustentación requerida.
Imputado en caso Coral Y compras del Conani
El imputado por el caso Coral, coronel Rafael Núñez de Aza, estuvo al frente de la Dirección de Compras del Conani sin ser nombrado en ese puesto que desempeñaba.
La Cámara de Cuentas detalla, que Cuello Coste hizo varias diligencias en el Ministerio de la Administración Pública (MAP) para incluirlo en la nómina como el titular del Comité de Compras, al no ser posible por su condición de militar, la funcionaria solicitó su integración en el organismo con un puesto de papel: encargado de seguridad en el interior.
La petición formulada al respecto también fue denegada porque Núñez al igual que otras cinco militares figuraban en otra nómina pública.
Pese a esta limitante, la exfuncionaria mantuvo a este personal ejerciendo las funciones administrativas. En su defensa, Cuello Coste dijo a los investigadores del organismo auditor:
"Es necesario evaluar el contexto histórico en el que se realizó el cambio de mando de la institución, en medio de la pandemia más devastadora de los últimos cien años y con la obligación de responder a las necesidades del sistema de protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de República Dominicana, sin que esto signifique que no se agotaron los procesos necesarios para la debida incorporación de los mismos".
Esa respuesta no satisfizo a los auditores, quienes ratificaron como un quebrantamiento de la ley la delegación de funciones administrativas a militares sin autorización del MAP y la Contraloría.
Cuello Coste
La Cámara de Cuentas pidió a la expresidenta ejecutiva del Conani una respuesta a los hallazgos de la investigación previo a la publicación de la auditoría.
La defensa legal de Greybby María Cuello Coste para cada irregularidad antes señalada fue que la mayoría de los procesos de compras fueron iniciados y adjudicados durante la gestión de su predecesora, Kenia Lora.
Sus explicaciones no fueron suficientes para la Cámara de Cuentas, que pese al corroborar que varios procesos fueron heredados, los contratos fueron firmados por el personal a su cargo con las inobservancias de la ley y las irregularidades citadas.
“La expresidenta en su respuesta de réplica manifiesta que los procesos fueron realizados en la gestión anterior. Cabe mencionar que las firmas de esos contratos fueron realizadas durante su gestión, por lo que mantenemos vigente esta observación”, reza el documento de la Cámara de Cuentas de 127 páginas.
Cuestionada su corta gestión al frente del Conani (cuatro meses), Greybby María Cuello Coste es la esposa de general Juan Carlos Torres Robiou, quien guarda prisión preventiva por el caso de corrupción Coral 5G.
Cuello no está imputada en este caso de corrupción, pero la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) menciona en su expediente para establecer que esta habría implementado en el Conani el mismo esquema de corrupción administrativa que tenía su esposo en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La llegada de Cuello Coste en el Conani se produce el 9 de abril de 2020.
El presidente de ese entonces, Danilo Medina, la designó en el cargo en sustitución de Kenia Lora Abreu, que fue enviada a dirigir el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) luego del escándalo de corrupción de esa institución durante la gestión de Berlinesa Franco.
Antes de su designación, la exfuncionaria fungía como directora de eventos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), desde septiembre de 2012.
Auditoría
Finalizada la auditoría, la recomendación de la Cámara de Cuentas es que la máxima autoridad gestione la recuperación de los montos erogados sin la documentación justificativa.
Asimismo, que disponga la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo de la entidad a su cargo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones que se incluyen en la auditoría.
Ahora, la titular del Conani debe remitir un informe a la Cámara de Cuentas de la República, en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la fecha del recibo oficial de este informe final, sobre el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39, de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y en el artículo 45 del Reglamento No. 06-04 de aplicación.