LA PAZ, 15 de febrero, 2022 (PL).- El expresidente de Bolivia Evo Morales calificó hoy de “victoria de la verdad sobre la falsedad” la determinación de la Corte Penal Internacional (CPI) de rechazar un proceso en su contra por delitos de “lesa humanidad”.
“La @IntlCrimCourt, el más alto tribunal de justicia del mundo para procesar genocidios y delitos de lesa humanidad, ha rechazado las acusaciones falsas de la derecha golpista que quería culparnos por muertes de hermanos bolivianos. Es una victoria de la verdad sobre la falsedad”, escribió el exmandatario en su cuenta en Twitter.
Morales asegura en otro tuit que la investigación conclusiva de 69 páginas, “elaborada por el fiscal Karim A.A. Khan QC, ha establecido que no existe relación de causa y efecto entre los bloqueos de carreteras de agosto de 2020 y los fallecimientos de hermanas y hermanos por Covid-19. Se derrumba otra mentira”.
De acuerdo con el líder del Movimiento al Socialismo, la pesquisa estableció que las protestas populares fueron provocadas por “el afán de usurpar el poder por parte del gobierno de facto”.
Afirma el primer expresidente indígena de Bolivia que al contrario de lo que falsamente se denunció, los dirigentes de los bloquos dieron paso a los tanques de oxígeno “que necesitaba nuestro pueblo”.
Sobre esa base, Morales denuncia que por defender a los más pobres, nacionalizar los recursos naturales y defender la soberanía de Bolivia, “nos persiguen, acusan y difaman sin pruebas para eliminarnos políticamente”.
Agrega en referencia a la determinación de la CPI: “(…) La verdad siempre sale a la luz. Junto a nuestro pueblo, trabajamos y marchamos libres y dignos”.
En medio de las protestas contra el gobierno de facto, en septiembre de 2020, el entonces procurador José María Cabrera interpuso una demanda en la corte con sede en La Haya en contra del depuesto presidente, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, y el dirigente cocalero y hoy senador Leonardo Loza.
Cabrera informó entonces a la prensa que la acusación en representación del Estado contra el exmandatario obligado entonces a radicarse en Argentina y sus colaboradores se refería a actos inhumanos realizados con el cerco a las ciudades de Bolivia y el bloqueo de puntos carreteros.
El exprocurador responsabilizó en su imputación a los acusados de ocasionar grandes sufrimientos a la población y de provocar el fallecimiento de al menos 40 víctimas por privación de oxígeno, argumentos que fueron descartados finalmente por la CPI.