LA HABANA, 15 de febrero, 2022 (PL).- Cuba avanza hoy en el proceso preparatorio del Anteproyecto de Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional para su aprobación en el Parlamento en abril de este año, precisó un sitio web especializado.
De acuerdo con la página digital del Ministerio de la Agricultura (Minag), se trata de un marco regulatorio jurídico para la instrumentación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba, que tiene como ejes estratégicos la sustitución de importaciones y el desarrollo de los recursos endógenos de los territorios.
La isla tiene entre sus prioridades alcanzar la soberanía alimentaria para garantizar la disponibilidad, el acceso y la estabilidad de los alimentos, por lo que la Ley SSAN establece las obligaciones específicas del Estado para lograr, progresivamente, la alimentación sana y adecuada de toda la población.
Ese instrumento legal cuenta con el apoyo técnico y logístico del Proyecto de Colaboración Internacional Fortalecimiento de Políticas Públicas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba, del Programa País Cuba, financiado por la Unión Europea e implementado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Por primera vez establecerá en el ordenamiento jurídico nacional los conceptos de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional, derecho a la alimentación sana y adecuada, sus principios y las obligaciones gubernamentales respecto a ese derecho.
También concibe los mecanismos para la garantía de la calidad e inocuidad de a comida, la disminución de las pérdidas y desperdicios, y la movilización de sistemas educacionales, culturales y de la comunicación social para fortalecer la sabiduría alimentaria y nutricional.
Dicho proceso transcurre en medio de una situación compleja en la producción, disponibilidad, acceso, estabilidad y consumo de alimentos, debido al recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, y del deterioro progresivo de los recursos naturales.
También se desarrolla en un escenario de crecientes eventos climáticos extremos, y la carencia de recursos financieros agravada por los efectos de la pandemia de la Covid-19.
De ahí, que para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la mayoría de la población, se precisa la aprobación de un marco regulatorio específico, así como la implementación de las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria.