La actual institucionalidad dominicana está sustentada en la Constitución de 2010 y en leyes que se derivan de ella. Una Constitución gestada por Leonel Fernández y sus asesores criollos y extranjeros a la medida de los intereses de la clase capitalista internacional y nacional, y de la partidocracia montada sobre ella. Aprobada vía el espurio “pacto de las corbatas azules” (PLD-PRD), firmado por Leonel y Miguel Vargas antes de la división del PRD.
La Constitución actual sustituyó la Constitución balaguerista del 1966 que sirvió de base a los gobiernos de Balaguer, PRD y PLD, con la excepción de los efímeros Gobiernos de Bosch y de Caamaño, ambos sustentados en la Constitución de 1963, la más avanzada de nuestra historia republicana.
Esa Constitución garantiza el autoritarismo y el súper poder presidencial, así como el curso neoliberal, colonizador y privatizador de la economía y la política, impuesto globalmente por EE. UU. y sus corporaciones transnacionales, los tutumpotes capitalistas locales asociados a ellos.
Entre las Constituciones conservadoras, la del 2010 es la más moderna y la que mejor disfraza su contenido reaccionario; incorporando engañosamente nuevos conceptos y derechos de la última generación dentro de un marco conservador, patriarcal, despótico-partidista, privatizador y negador de los derechos a la soberanía popular. Es la continuidad renovada y ampliada de la Constitución balaguerista de 1966.
El producto de ambas constituciones no ha podido ser peor. Los regímenes políticos establecidos y las gestiones de gobierno que se han asentado durante sus permanencias han agravado la dependencia, aumentado dramáticamente las desigualdades, empobrecido brutalmente a nuestro pueblo y a su juventud, subordinado intensamente a nuestras mujeres, institucionalizado la corruptela y aupado las mafias políticas, militares y empresariales. Casos Balaguer, PRD, Hipolito, Leonel y Danilo.
Además, la Constitución de 2010 y las leyes e instituciones derivadas de ella, han contribuido a pervertir más aún los procesos electorales. A potenciar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. A convertir el Estado en narco-Estado, a desatar la criminalidad machista y el racismo. A saquear recursos naturales. A convertir los derechos a la salud, educación, diversión y ejercicio político en vulgares negocios.
Ahora estamos frente a un gobierno servil a EE. UU., asaltado por multimillonarios de dentro y fuera del país, y acompañado de una llamada “clase política”, clanes militares y policiales corrompidos, que exhiben una rapacidad sin límites. Urge darle al pueblo poder de decisión sobre la Constitución e impulsar un Proceso Constituyente que dote al país de nuevas bases constitucionales y nuevas instituciones.