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Para garantizar un eficiente servicio de las empresas que se dedican a la dispensación de medicamentos y afines, deben aplicárseles con rigor las “normas de habilitación para los establecimientos farmacéuticos”, contenidas en la Ley 42-01, con el objetivo de lograr de estas una óptima calidad de sus servicios.
Velar por el cumplimiento de la Ley está a cargo de la Dirección General de Drogas y Farmacias y de la Dirección General de Habilitación y Acreditación, dependencias del Ministerio de Salud Pública.
Para esa importante y delicada tarea ese Ministerio cuenta con profesionales calificados para supervisar el cumplimiento de la Ley, de parte de los negocios dispensadores de esos delicados productos.
Muchos de ellos carecen de almacenes climatizados y de personal competente, por lo que venden medicamentos muy próximo a su vencimiento, caducados o adulterados por una incorrecta administración.
Es apremiante que las farmacias que andan “manga por hombro” se dispongan a cumplir la Ley y normas para un competente desempeño, comenzando con garantizar un personal que haya sido certificado por las autoridades.
Los empleados de boticas “populares” y las demás deben tener aprobado al menos el bachillerato y recibir un curso para cumplir con su función, el cual podría ser coordinado por Salud Pública con Infotep y la UASD.
Ya certificado y en sus labores, el empleado de farmacia, debe usar bata sanitaria y en ella el carnet en un lugar visible, que le autoriza a realizar esa actividad, para ofrecer la seguridad de que se cumple lo dispuesto.
El personal administrativo debe cumplir los mismos requisitos de los demás, y el licenciado en Farmacia inspeccionar periódicamente el establecimiento para garantizar el eficiente manejo, según la Ley.