No es primera vez que la DEA toma la iniciativa, oferta informaciones sensibles, selecciona extraditables y opera aquí para desmantelar una red del “crimen organizado” vinculada al fabuloso negocio de las drogas. Yo diría que en casos relevantes, que es oportuno recordar, DEA y DNCD han tenido roles fundamentales en las datas suministradas para la construcción de sus expedientes a nivel de Ministerio Público.
Por su parte la actual PGR exhibe una gran capacidad para estructurar expedientes consistentes y operar eficazmente con los datos que le aportan y las investigaciones que ella hace sobre el terreno y sobre la marcha. Así ha acontecido con la Operación Falcón.
Sin embargo, es necesario valorar los resultados en operaciones parecidas donde el peso de la data fundamental y la intervención de la DEA han sido determinantes. Me refiero a los “desmantelamientos” de las narco-bandas de Quirino Ernesto Paulino (extraditado a EU y ya en libertad), Figueroa Agosto (capo puertorriqueño radicado aquí y apresado en Borinquen), Nelson Solano (conocido como el Zar de la Heroína del Caribe, extraditado y aún preso en EU), Toño Leña (extraditado a pedido de la DEA), y César el Abusador (protegido aquí por altas esferas del gobierno, desmantelada su banda por la DEA y FBI, y apresado en Colombia).
A los que se agrega un emblemático caso de factura española, con modalidad parecidas a la empleada por la DEA: el caso Arturo del Tiempo Márquez y su Torre Atiemar.
En todos ellos es notorio que evidencias y de conexiones a nivel de Palacio Nacional, de protecciones de jefes militares, policiales y seguridad, vínculos con altos dirigentes políticos, asociaciones con bancos y empresarios poderosos, complicidades de ministros y presidentes, contratas otorgadas a jefes de bandas, fotografías y videos que ilustran contubernios mayores, aportes a campañas presidenciales y militancias espurias en partidos, responsabilidades dolosas en incorporaciones a PN, DNI, Ejército Nacional… ni se investigaron ni se sancionaron.
Las elites estatales y empresariales corrompidas salieron ilesas, mientras en archivos de la DEA y bóvedas de jurados estadounidenses abundan datos para inculparlas.
Que la acción represiva siempre se concentre contra las redes y niveles bajos e intermedios de las complicidades políticas-militares-empresariales, indica que EEUU tiene la determinación de proteger, en condiciones de “presos de confianza del imperio” a ciertos expresidentes, ministros, “líderes” políticos y militares, y grandes empresarios; manteniéndolos bajo chantajes amenazantes que los obliga a la sumisión total. A ver qué pasará ahora con la Operación Falcón y otras similares (¿?!!).