. Tribunal aplaza la audiencia para el lunes contra los imputados en la estructura criminal que, hasta el momento, llevó al arresto de al menos 25 personas
SANTIAGO, 18 de septiembre, 2021.- El Ministerio Público tiene bajo investigación a muchas personas como parte de la Operación Falcón, aunque solo procederá, como en todos sus casos, a judicializar a los imputados contra los que tengan pruebas irrefutables, aseguró este viernes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
“Ustedes saben que este Ministerio Público tiene por política que hasta que no hace una imputación, por lo menos preliminar, en una medida de coerción, no hace referencia a ninguna persona (investigada)”, dijo Reynoso.
“La garantía y la seguridad que le podemos dar a la sociedad, y a toda aquella persona inclusive investigada, es que el Ministerio Público va a imputar solo a aquellas personas contra quienes tiene pruebas para hacer una imputación blindada, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, añadió.
La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público recordó que en el proceso de investigación que llevó a la Operación Falcón los equipos de fiscales llevan alrededor de un año trabajando. “Es una investigación, como hemos dicho, compleja, sobre hechos graves, de una estructura criminal que tenía una organización y un funcionamiento muy típico de las mafias, hemos dicho específicamente de la mafia italiana”, añadió.
Reynoso respondió preguntas de los periodistas tras salir de la audiencia en la que la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, decidió aplazar para el lunes el conocimiento de la medida de coerción contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico.
“Nueva vez, el tribunal ha dispuesto un aplazamiento, para el próximo lunes, a las 10:00 de la mañana, a pedido de varias de las defensa”, dijo el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, al explicar, además, que se produjo el cambio de abogado en uno de los imputados.
El fiscal Bonilla Hiraldo reiteró que el Ministerio “está completo y listo” para el conocimiento de la medida de coerción contra los integrantes de la red de lavado asociada a una organización criminal que introdujo miles de kilos de cocaína a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Explicó además que el tribunal rechazó el pedimento de algunas de las defensas que solicitaron copias impresas de los documentos que respaldan la solicitud de prisión del Ministerio Público contra los imputados y que ya les fueron notificadas y entregadas de forma digital, lo cual les permite, a su vez, imprimirlas.
Hasta el momento están arrestados por el caso Juan Carlos Mosquea Eduardo, Enerio Rafael Sandoval Valdez, María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.
También, contra José Alejandro de la Cruz Morales Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen, con el apoyo de todos los órganos de seguridad del Estado, a Erick Randhiel Mosquea Polanco (Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite) y a su hermano sus hermanos Harington José Mosquea Núñez y Claritza Andreina Mosquea Eduardo, así como a Alberto De Jesús Polanco (El Prieto y/o Many).
Al mismo tiempo, el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil (Santiago), Héctor Darío Féliz Féliz (Pedernales) y Faustina Guerrero Cabrera (El Seibo), implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la la Operación Falcón.
Esta operación se deriva de una amplia investigación que contó con la colaboración decidida de autoridades internacionales que luchan contra el crimen organizado.