El presidente Luis Abinader pasa por momentos críticos, no sólo porque su accionar se desarrolla en medio de una pandemia de Covid-19, sino que ha entregado parte del poder a sectores dentro y fuera de su partido que tienen sus propias agendas, mientras el pueblo se mantiene expectante en espera del “cambio”.
La demanda de justicia ante la corrupción del anterior y presente gobierno, con vasos comunicantes a sectores económicos, y la lentitud en su concreción propia del orden legal, viene creando desconcierto.
Al gabinete de Abinader fueron integrados representantes del gran capital, los cuales velan por los intereses y privilegios de este ante el Estado, y que junto a otros grupos conforman los poderes fácticos.
Mientras la Presidencia de la República se “sortea” cada cuatro años, conforme a la Constitución de la República, las cuotas de poder y privilegios del gran capital son ratificadas, al ser poderes inconmovibles.
Estamos analizando cómo funciona el sistema político y los controles establecidos para evitar los cambios verdaderos de una estructura que se ha conformado con la bendición del imperio y sus socios.
La gran burguesía se apoya en los instrumentos represivos y de seguridad del Estado, constituyendo el poder permanente, en tanto la fuerza política que ocupa el Poder Ejecutivo integra el poder temporal.
La alianza público-privada, en detrimento de los intereses del pueblo, es la expresión de esa correlación entre el poder permanente y el temporal, controlando a los de abajo ayudados por la partidocracia.
Si en algo se avanza contra la corrupción y la impunidad, es por la conciencia creciente canalizada en su momento en la Marcha Verde y por la necesidad del poder permanente de colocar parches al sistema en crisis.