Quiero justicia, no circo, no morbo, no mareo, no amagar y no dar. Tampoco deseo una cacería de militantes, dirigentes del PLD y ex funcionarios del gobierno como una inquisición.
¡No! yo quiero que se haga justicia, que aquellos que depredaron, que convirtieron el Estado en su caja chica durante años, paguen sus culpas, que sean sometidos a la justicia con expedientes bien formulados, con pruebas irrefutables para que los jueces estén obligados a condenarlos y quitarle el dinero y las propiedades obtenidas de manera ilícita.
No busco un Procurador o Procuradora independiente. Para mí, los independientes no existen. Los apolíticos tampoco, eso lo estableció Aristóteles cuatro siglos antes de Cristo. Tampoco creo en los insustituibles.
El cementerio está lleno de imprescindibles. Para el puesto principal del Ministerio Público solo quiero –que simple- una persona capaz, honesta y sin miedo, alguien con carácter para enfrentar los peligros que supone hacer justicia en un país donde el “borrón y cuenta nueva”, es decir, la impunidad, ha sido la norma. No me importa si es hombre o mujer, no es una cuestión de género.
Mientras el “hacha va y viene”, o sea, mientras producimos los cambios urgentes que deben hacerse en el Ministerio Público y en todo el sistema de justicia, incluyendo el carcelario, mientras los fiscales y jueces comprometidos con la corrupción se sustituyen por verdaderos fiscales y jueces, no militantes y simpatizantes de un partido o de otro, se puede comenzar la inmensa tarea de sentar en el banquillo de los acusados, a los ladrones, a los que se hicieron ricos desde una función en el gobierno.
Solo basta con aplicar las leyes, la de función pública y otras, pero sobre todo la Constitución que en su artículo 146 dice: “Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado”.
La Carta Magna no deja lugar a dudas: “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus funciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”. Y continúa: De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, allegados, amigos o relacionados”.
(Solo con esos enunciados, casi todos los funcionarios tendrán que ir a los tribunales, incluyendo al presidente Danilo Medina y su esposa, porque sus hermanos, amigos y relacionados fueron altamente beneficiados. Los hermanos del ex mandatario pasaron de una pobreza abyecta a una riqueza impresionante. (De barbero debajo de un árbol en el Rosal, del Gran Santo Domingo, con el mote de Bigote, a multimillonario, es algo que debe ser esclarecido)
Algo muy importante. La constitución invierte el “fardo de la prueba”. Dice: “Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”. (Más claro, ni el agua)
La Constitución sigue estableciendo las sanciones, el despojo de los bienes logrados ilícitamente, etc. Significa que un Procurador o Procuradora –me da igual- honesto y capaz, con las herramientas que le da la ley, puede iniciar las investigaciones y actuar.
Incluso puede pedir colaboración de expertos de la OEA y hasta de las Naciones Unidas para que no haya dudas de los resultados. Puede contratar abogados privados como se hizo en el caso de la crisis bancaria durante el gobierno de Hipólito Mejía. Solo hace falta voluntad política, coraje, determinación, que sí la tiene el presidente electo Luís Abinader.