Se estima seguro que el 31 de diciembre de 2009 el Presidente Barack Obama agregará un nuevo incumplimiento de promesas a la ciudadanía de su país a la larga lista que lastima severamente su credibilidad y ha provocado que, por primera vez desde que logró la victoria en las elecciones, su nivel de aceptación por la ciudadanía esté por debajo del 50%, según las encuestas.
Para finales de este año, su administración había anunciado la desclasificación de millones de páginas de documentos militares de inteligencia con más de 25 años de edad, con la declarada intención de inaugurar una nueva era de transparencia en la información histórica acerca de la actuación del gobierno en asuntos relativos a la defensa y la seguridad.
Tal desclasificación se haría el 31 de diciembre de 2009 en cumplimiento de una orden presidencial formulada por William Clinton y enmendada por Bush, que ahora le tocaría ejecutar al presidente Obama.
Se trata de documentos producidos en el período que cubre desde la segunda guerra mundial hasta el decenio de 1980 que abarcan temas de relaciones exteriores, actividades de inteligencia y operaciones militares, excluyendo datos sobre armas nucleares cuya protección está a cargo del Congreso.
Han sido generados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional, los Departamentos de Justicia, Estado, Defensa, Energía y otros organismos y agencias de seguridad e inteligencia.
Pero esa disposición aperturista de la Casa Blanca ha tropezado con vehemente oposición de las agencias de espionaje, la CIA en primer lugar.
Aparentemente, los documentos que con más fuerza exige la CIA mantener secretos corresponden al período de la guerra fría, particularmente los relacionados con operaciones de espionaje interno y sobre asesinatos de dirigentes extranjeros que, en su conjunto, la agencia designa como “las joyas de la familia”.
La omisión de su publicación se valora grave a la luz de la importancia que se atribuye a una desclasificación que busca impedir la repetición de hechos vergonzosos recientes, como los revelados sobre torturas y otros abusos en Abu Graib, Guantánamo y las cárceles nómadas secretas de la CIA en diversos lugares del planeta.
Barack Obama se encuentra ahora en la embarazosa posición de tener que prolongar el secreto, pese a sus repetidas promesas de una mayor transparencia, por haber sido su Administración incapaz de lograr la conformidad de las agencias de espionaje para la apertura.
Ha trascendido que, a la luz de estas complicaciones, la Casa Blanca ha estado negociando con las agencias espías los términos de la apertura de los documentos que preocupa a éstas, y que Obama, a través de sus colaboradores más cercanos, se apresta a realizar importantes concesiones al respecto.
Así lo afirma, por ejemplo, el periodista Bryan Bender, del periódico Boston Globe, en un artículo suyo aparecido el 29 de noviembre último titulado “Las agencias espías frustran plan de transparencia de Obama” (Spy agencies foil Obama plan for transparency).
Según Bender, funcionarios del gobierno que participan en los debates internos con las agencias de espionaje -que le exigieron el anonimato-, la Casa Blanca ha anunciado a las agencias espías su disposición de concederles una extensión, que pudiera ser hasta de varios años más allá del próximo 31 de diciembre de 2009.
A raíz de esta información y otras en el mismo sentido, un buen número de ciudadanos que siguen este tema han lanzado al ruedo una pregunta que han formulado en muchos mensajes y cartas a las redacciones de diversas publicaciones: ¿La CIA y demás organizaciones de espionaje estadounidenses están realmente subordinadas a la Administración central? O es a la inversa.
Es incuestionable que el ocultamiento de los graves crímenes de lesa humanidad que han practicado muchos gobiernos de Estados Unidos en función de objetivos de dominación global, no hace más que agravar la magnitud de los delitos y conceder verosimilitud a cuanto se especule acerca de la falta de escrúpulos y de principios éticos en la política internacional de Washington.
Así como las campañas de difamación y demonización contra sus enemigos acaban por revertirse contra sus promotores cuando finalmente se conocen las verdades de los justos, el ocultamiento de fechorías propias termina por volverse contra los malhechores, por poderosos y magnánimos con los medios que estos sean.
La historia no perdona y, más tarde o más temprano, se pronuncia a favor de la justicia.