SANTO DOMINGO.- Decenas de precandidatos a cargos electivos de la coalición MIUCA-Acción por el Cambio plantearon la necesidad de revisar numerosos contratos y leyes aprobadas en los últimos años, para una supuesta modernización del Estado, que son atentatorios al interés nacional porque fueron promovidas por una minoría criolla y extranjera, a favor de sus intereses particulares.
Esa tendencia a concentrar recursos públicos en manos de unos pocos ha tenido su clímax con diversas concesiones mineras recientes y la legalización de la privatización de las playas en la nueva Constitución, advirtió la coalición.
Los izquierdistas entienden que actúan “en el marco de un sistema político profundamente antidemocrático y excluyente, consustancial al modelo económico antinacional que se ha impuesto al país”.
Por esa razón, una fracción parlamentaria de izquierda “ha de tener entre sus tareas esenciales la reivindicación y defensa del interés nacional, los derechos y demandas ciudadanas”, se dice en el documento Propuestas de plataforma programática congresual y municipal.
Los dirigentes izquierdistas discutieron recientemente esas y otras propuestas con miras a las próximas elecciones de mayo del 2010.
La discusión se realizó en el local del MIUCA-Acción por el Cambio, bajo la conducción de Virtudes Alvarez, copresidenta del Movimiento Independencia, Unidad y Cambio; Fidelio Despradel, del Voluntariado Político Ciudadano; Juan Gómez y Arsenio Hernàndez Fortuna, de la dirección nacional de Fuerza de la Revolución; Césal Rodríguez, presidente del Partido Boschista Dominicano; Fidel Santana e Higinio Báez, dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, entre otros (as).
La coalición MIUCA-Acción por el Cambio plantea un modelo nacional de desarrollo incluido en una nueva Constitución, que resulte de una Asamblea Constituyente, cuyo eje fundamental sea una economía productiva fundada en diversas formas de propiedad, con el interés de desarrollar una sociedad solidaria.
El documento propone también "promover una ley de energía que reformule el concepto y toda la estructura del sector de conformidad con su carácter estratégico para el desarrollo nacional, buscando superar los contratos onerosos con pagos a plantas apagadas y las deficiencias en la distribución, para evitar alzas injustificadas de la tarifa eléctrica".
Además, los precandidatos de izquierda consideran necesarias, entre otras iniciativas, "promover la revisión de la legislación dirigida apoyar a la pequeña y mediana empresa, la cual crea más puestos de trabajo por capital invertido que las grandes compañías.
Plantear que el Banco de Reservas reoriente su cartera de préstamos, principalmente para el apoyo financiero a este tipo de empresas, con bajas tasas de interés. Y promover la creación de un banco para las cooperativas, que las salve de la voracidad del capital financiero.
"Promover la revisión de los preceptos legales en virtud de los cuales se define, aprueba y ejecuta el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, a fin de que ese instrumento de desarrollo deje de estar monopolizado por el Poder Ejecutivo y pase a ser responsabilidad del Congreso Nacional, en coordinación con los otros poderes del Estado".
MUNICIPIOS
En el ámbito municipal, los precandidatos de la coalición MIUCA-Acción por el Cambio aspiran a "ganar e influir en gobiernos locales para reivindicar la soberanía y competencias del municipio y su ayuntamiento; para desde el gobierno local demostrar con hechos cómo se puede gestionar políticas públicas con las mayorías y por las mayorías; para desde el municipio avanzar hacia toda la república y buscar la concreción del ideal duartiano de nación.
"Todo esto es coherente -se agrega en el documento- con la aspiración del movimiento social y progresista del que hacemos parte, que reclama desde hace años espacios de participación política y, desde este escenario, el acumulado en la lucha social puede ser redimensionado políticamente sobre la base de propuestas sobre temas municipales y nacionales.
"Una propuesta de gobierno municipal sustentado en las consideraciones anteriores presupone asumir unas líneas programáticas claras, en el sentido de auspiciar un marco constitucional nuevo para el municipio y el mejoramiento de la ley 176-2007; por igual propiciar una nueva legislación de ordenamiento territorial con todas sus implicaciones; asumir la transparencia en el ejercicio público; jerarquizar criterios de prioridad en materia financiera y presupuestaria, con los presupuestos participativos, y reestructurar los servicios municipales básicos, que a su vez son un derecho conquistado de los dominicanos y dominicanas".