El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como ha dicho el intelectual Andrés L. Mateo, son dos “Compañías por Acciones”. Pero esto es más grave porque cada uno de ellos cuenta con un propietario mayoritario de sus acciones: Leonel y Miguel.
La privatización de esos partidos políticos ha sido un componente básico de la decadente neoliberalización del capitalismo.
Todo ha estado en venta a partir de su reinado: empresas estatales, servicios públicos, salud, educación, seguridad social, playas, montañas, ríos, tierras, minas, seres humanos, partidos...
Todo se puede comprar y compra más el que tiene más, quien se apropia de casi todas las acciones en cada uno de esos renglones.
Pero además, todo se vale para ser propietario en grande. La procedencia del dinero no importa, lo que importa es disponer fácilmente de grandes fortunas.
Así las cosas, el capitalismo se torna cada vez más mafioso y la política del sistema también. Igual los políticos que la ejecutan.
Eso les ofrece a esos señorones “todas las posibilidades” de manipular a conveniencia las instituciones electivas y no electivas del Estado.
Y esto se ha producido aquí, convirtiendo secretarias, curules, tribunales y altas jerarquías policiales y militares en alcancías particulares y/o mecanismos de apoyo de los principales “líderes” del orden clientelar establecido; convirtiendo a las empresas constructoras en cárteles del ramo, asociándose a los carteles de la droga, montando empresas propias de suministros y servicios al Estado, vendiendo concesiones de recursos naturales, negociando préstamos con la banca privada, concediéndole privilegios y exoneraciones a la oligarquía, montando negocios particulares a través de testaferros y auspiciando toda suerte de PEME; RENOVE, Marbella, Cisneros, Sun Land, narco-poder y demás fullerías mayores.
Todo esto permite hacer leyes y constituciones a imagen y semejanza de esas pandillas institucionalizadas que se aferran al neoliberalismo aun moribundo.
Eso es lo que ha pasado con los resultados de la Asamblea Revisora de la Constitución bajo las órdenes de los dos principales propietarios del sistema político tradicional; nueva especie de caudillos a papeletazos sucios (¿post-modernos?), quienes dejaron al pueblo sin derechos colectivos, incluido “el derecho a una administración honesta y transparente”. Y es que, si la deshonestidad es la norma, todo artículo constitucional que la afecte debe ser pulverizado en favor de la mayor impunidad de esas claques.