SANTO DOMINGO.- “Votar de manera responsable, en consonancia con el bien común y respeto de los derechos humanos”, fue la demanda hecha por la Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional y el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional a los legisladores en una segunda lectura frente al artículo 30.
En rueda de prensa y a través de un documento, las convocantes expresaron con preocupación la actitud asumida hasta ahora por los partidos políticos al conferir estatus de persona humana al óvulo fecundado, equiparando en la práctica sus derechos a los de la mujer.
Entienden que la sociedad dominicana y amplios sectores representativos ha advertido sobre las consecuencias negativas que tendría el artículo 30 de ser aprobado de manera definitiva, y mencionan entre ellas, la violación de derechos humanos, el aumento de la mortalidad materna y la prohibición de varios métodos anticonceptivos, así como de procedimientos médicos e investigaciones científicas que implicarían vivir o morir para miles de hombres y mujeres.
Destacan como la evidencia más clara del rechazo colectivo a dicho artículo, la Encuesta Gallup de julio pasado, que mostró que un 80% de la población está de acuerdo con que la mujer pueda interrumpir su embarazo cuando su vida está en peligro, también indicó, que tres de cada cuatro dominicanos piensa que el aborto debe ser regulado por los códigos penal o sanitario, frente a un exiguo 14% que favorece su regulación por la vía constitucional.
A su juicio los partidos políticos representados en el Congreso han convertido en prenda de intercambio su compromiso con el pueblo, con las mujeres y con el futuro, por el desprecio a la clara expresión de la voluntad colectiva en ese sentido.
Advierten que el pueblo dominicano en esta ocasión espera que los legisladores tengan el valor y la entereza de votar en función del bien común y no de intereses electorales ni fundamentalistas de las jerarquías religiosas que abusan de las libertades democráticas para irrespetan las reglas de juego del sistema político.
Explicaron que no es cierto, que los médicos podrán seguir practicando abortos terapéuticos siempre que sea necesario, ya que la Secretaria de Estado de Salud Pública (SESPAS) no podría mantener vigente normas de procedimiento que violen flagrantemente la nueva Constitución, pues, ninguna norma jurídica está por encima de ella, y dicen, que quienes afirman lo contrario están apostando al incumplimiento de la ley, lo que equivale a promover el irrespeto por la institucionalidad jurídica.
Entienden que ver como un delito el aborto terapéutico trae funestas consecuencias como ha sido el caso de Nicaragua, que se colocó fuera de la normativa internacional, mereciendo la condena de cuatro organismos de Naciones Unidas, incluidos el Consejo de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura.
La declaración de éste último afirma que: “…la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica.
En este sentido, asumen que el país podría correr la misma suerte cuando presente el próximo mes de noviembre al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe de cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que, confían en que las y los asambleístas que votaron a favor del Art. 30 en primera lectura aprovechen esta oportunidad que les ofrece la segunda lectura para poner en alto los mejores intereses de la nación.