¡ENJUICIAR A LOS ASESINOS DE CAAMAÑO!
El coronel Francisco Alberto Caamaño, abrazado con el pueblo, hizo historia: encabezó la principal gesta del siglo XX: la revolución de democrática de abril 1965 y la Guerra Patria contra el invasor impenitente.
Pasado uno años, lleno de indignación, desembarcó con estampa guerrillera en Playa Caracoles desde Cuba para trascender a la eternidad.
Capturando herido, un 16 de febrero de 1973, fue fusilado, descuartizado y quemado sus restos. Mucho odio y demasiado temor inspiraron esa pérfida determinación gubernamental.
Informado el presidente Balaguer de su captura, le expresó al general Ramón Emilio Jiménez (hijo), entonces Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que “en el país no había cárceles para un hombre como el coronel Caamaño”, dejando bien insinuado que procediera a su fusilamiento.
El general Ramiro Matos Gonzáles, anticomunista de “tomo y lomo”, quien dirigió la persecución y el cerco militar contra la escuadra guerrillera comandada por Caamaño, en ningún momento advirtió a sus compañeros militares que los cánones internacionales y los derechos humanos universalmente consagrados impedían asesinar al comandante apresado. Consintió, por tanto, el fusilamiento.
No podían faltar como figuras relevantes de esa horrenda determinación “in sito”, el propio ministro Ramón Emilio Jiménez (Milo), el general Beauchamps Javier, el general Enríquez Pérez y Pérez y el mayor Pou Castro; estos dos últimos vinculados, junto al general Salvador Lluberes Montás, a los crímenes mas siniestros de esa época, siempre en estrecha relación con la CIA y la mafia cubana de OMEGA 7 en Miami.
Tampoco podían estar ausentes otros oficiales-sicarios, encargados de las vejaciones, el fusilamiento y la que quema del cadáver. Tampoco los agentes encubiertos de la CIA, mandatados para verificar la muerte del Coronel de Abril.
Balaguer los interpretó “al pie de la letra”, mientras sus peones mayores y los envidiados de Washington se cercioraban de que todo lo perversamente decidido fuera debidamente consumado.
Estremece el parecido de ese crimen de lesa humanidad con lo acontecido en 1967 en la Higuera, en Bolivia, con el comandante Ernesto -Che- Guevara.
Varían los protagonistas locales, los jefes militares y de Estado, pero tienen en común el desenlace a tono con el patrón de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ese tipo de situaciones y frente a ese tipo de líderes.
Coinciden también ese asesinato y el del Orlando Martínez (1975) en la participación directa de una parte de la “plana mayor” del estamento militar del país y del presidente de la república; precisamente de aquellos altos oficiales calificados por el propio Orlando en su columna Microscopio como de “horca y la cuchillo”, los mismos que poco después, con la misma matriz CIA detrás, ordenaron su asesinato, previa consulta con el inefable presidente Balaguer.
Siempre he estado convencido -y así lo he proclamado innumerables veces- que los asesinos de Caamaño fueron en lo fundamental (tanto a nivel de decisión política como en cuanto a la orden militar), los mismos que asesinaron a Orlando y a muchos otros luchadores/as en el periodo de terrorismo de Estado de los doce años. Siempre, además, he insistido en la necesidad de enjuiciarlos y condenarlos sin contemplaciones.
Una parte de ellos sigue con vida, ostentando fortunas y oprobios, señalados por la sociedad como asesinos y ladrones protegidos por la impunidad.
Acabar con esa protección es la que están reclamando, en un momento muy oportuno, los familiares cercanos del coronel Caamaño y en especial su hijo coronel Francis Caamaño Acevedo.
Oportuno porque se ha decidido llevar los restos del Coronel de Abril y Comandante de Caracoles al Panteón Nacional, dada su condición de Héroe Nacional.
Oportuno porque la sociedad está clamando sanción ejemplarizadora contra los autores de graves actos de corrupción y otros crímenes cercanos. En especial se exige el procesamiento de Leonel Fernández y su cártel de la corrupción, protectores por demás -junto a las cúpulas del PLD, PRSC y PRD- de los asesinos de Caamaño y de otros/as mártires de la Patria.
Oportuno, en fin, porque gran parte del pueblo reclama desmantelar un sistema de impunidad que dura ya cerca de ocho décadas: desde el nacimiento de la tiranía de Trujillo hasta la fecha.
En tales circunstancias, alegar la condición de militar del coronel Francis Caamaño hijo para mandarlo callar, es un grosería inaceptable para la sociedad dominicana.
Porque si político es el reclamo de justicia de un hijo respecto a la muerte de su padre, - y lo es en tanto se trata de un héroe nacional revolucionario y en tanto este fuera victima de una fuerza partidista proclive al crimen y de militares politizados por ellas-, mandarlo a callar y pretender su silencio, es una manera de hacer un uso político-partidista de la peor calaña por parte de la mas alta autoridad militar del país, seguramente orientada desde el Palacio Nacional y el Senado de la República.