1. Con el golpe en Honduras, el gobierno de Estados Unidos persigue cuatro grandes objetivos:
a) Impedir que se profundicen los cambios democráticos en esa nación centroamericana. El gobierno norteamericano sabe que la cuarta urna promovida por Zelaya para las elecciones de noviembre podía abrirle paso a la Asamblea Constituyente y a la reforma constitucional, con lo cual se empujarían cambios revolucionarios importantes y se debilitarían los partidos de derecha.
b) Enviarles un mensaje a los gobiernos de Guatemala y El Salvador, donde los ejércitos son de derecha, para que no se acerquen mucho a Venezuela. El gobierno de Guatemala está en Petrocaribe y el de El Salvador analiza entrar en dicho proyecto y posiblemente en el ALBA.
c) Disminuir la influencia del gobierno de Venezuela en Centroamérica, donde tres Estados están en Petrocaribe y dos en el ALBA.
d) Comenzar a revertir los procesos que en América Latina son hostiles a su política imperial.
2. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos “condena” públicamente el golpe, no puede ocultar su vinculación al mismo. Varios hechos lo demuestran: la salida de embajador en Honduras dos días antes del derrocamiento de Zelaya, el silencio del presidente Obama durante el día del golpe (domingo 28 de junio) y durante la mañana del lunes 29, su silencio posterior y el papel de la cadena de televisión (CNN), que hablaba de “sustitución forzada” del gobierno y reconocía como presidente al señor Micheletti. Aunque CNN es una empresa privada, actúa como medio estatal, pues su papel consiste en poner en práctica la política del gobierno norteamericano. Pero más allá de esas y otras pruebas, lo cierto es que en Latinoamérica ningún militar, empresario o político de derecha puede derrocar a un gobierno si no cuenta con el respaldo de Estados Unidos, sobre todo hoy cuando los golpes son más rechazados en el mundo.
3. El régimen de facto hondureño tiene dos bases de apoyo: el gobierno de Estados Unidos, que solo en apariencia lo rechaza, y el bloque interno de derecha, integrado por los partidos tradicionales, el ejército, la cúpula de la iglesia católica y la cúpula empresarial. Pero dado el aislamiento externo y el rechazo popular creciente, los golpistas solo podrían sostenerse si logran un pacto favorable con Zelaya o si doblegan al movimiento popular, al que reprimen con las armas y los toques de queda.
4. El enredo “legal” del gobierno de facto es desastroso. Derroca y expulsa del país a un presidente que no ha violado leyes ni ha sido enjuiciado, le atribuye al presidente derrocado una carta de renuncia que es falsa, dice que dicho presidente es prófugo de la justicia, dicta orden de captura contra él (a pesar de que antes lo había capturado y sacado del país) y luego impide su regreso y su captura. Las aberraciones jurídicas solo expresan el bache de los golpistas. Sin embargo, como el problema no es jurídico, sino político, los golpistas no se rendirán por razones legales, sino ante un resquebrajamiento de sus bases de apoyo y sobre todo si el gobierno de Estados Unidos les ordena dar marcha atrás para evitar situaciones peores.
5. Consciente de la debilidad del régimen de facto, el gobierno de Estados Unidos promueve una negociación entre Zelaya y Micheletti. Si de Costa Rica sale un acuerdo para el retorno de Zelaya y el abandono de la cuarta urna, el proceso de cambios por la vía legal quedaría obstruido, pero Zelaya podría construir un nuevo partido, con sectores liberales, la izquierda y el movimiento social, a fin de disputarle el poder a la derecha tradicional en los próximos años. Zelaya estaría renunciando a la Constituyente y a la reforma constitucional, pero ya desató un proceso popular de gran dimensión que podría terminar socavando el poder de la derecha tradicional. Si se negocia el retorno de Zelaya y continúa el proyecto de la cuarta urna, los golpistas habrían sido fulminados. Ese escenario es improbable. Y si la negociación fracasa, los golpistas lograrían algún reconocimiento y Zelaya legitimaría aún más las acciones para derrocarlos.
6. Si no hay acuerdo en Costa Rica, los golpistas seguirán aislados internacionalmente y la resistencia social crecerá, sobre todo porque la situación de las mayorías empeorará, tanto por la represión como por la caída del consumo y por el descenso de las ventas de las empresas.
7. Si los países de Centroamérica cierran sus fronteras, la situación económica de Honduras empeoraría mucho. Honduras vende en Centroamérica el 25% de sus exportaciones anuales, poco más de 1,500 millones de dólares, y compra en la región por un monto aún mayor. El cierre de fronteras provocaría un desplome del comercio, la quiebra de empresas, el aumento del desempleo, una gran mora bancaria y la disminución de los ingresos públicos. La quiebra de empresas comerciales y la baja en la inversión pública generarían una escasez de alimentos y un nivel de desempleo que haría insostenible el dominio de los golpistas, por más represivo que sea su régimen. No es seguro que los países de la región bloqueen económicamente a Honduras, pero es una posibilidad.
8. Ante un fracaso de la negociación los golpistas tendrían que endurecer la represión interna, pues el movimiento social tomaría mayor impulso. Los golpistas también tendrían que adelantar las elecciones de noviembre. Sin embargo, una acción de ese tipo nada resolvería, pues lo que surja de dichas elecciones no tendría legitimidad ni reconocimiento interno ni mundial. Zelaya es el presidente hasta enero de 2010. Ningún hecho jurídico tiene validez con Zelaya derrocado. Además, organizar elecciones en el actual contexto, sin observadores internacionales y sin el voto de las mayorías, significaría agudizar el conflicto.
9. Si no hay negociación, los golpistas finalmente caerían, por más oxigeno que le proporcione el gobierno de Estados Unidos, que evade toda acción que pueda perjudicarles. Su duración en el poder dependería, principalmente, de cómo evolucione la lucha social y del nivel de cohesión del bloque que poder, sobre todo de la postura de los empresarios, quienes serían muy afectados. El ejército, bajo control de Estados Unidos, solo actuaría contra el régimen de facto si recibe la orden del gobierno norteamericano. La iglesia seguiría en la oposición a Zelaya. Pero los grandes y medianos empresarios no soportarían el descenso económico, la baja en el consumo y la quiebra de sus negocios. Terminarían presionando por una solución política.
10. Si el gobierno de facto se desmorona antes de noviembre, Zelaya regresará con más apoyo y podría encabezar una nueva fuerza revolucionaria. Y si no se desmorona antes de noviembre, no podrá imponer la “paz” interna. El proceso abierto en Honduras es, pese a los riesgos, muy positivo para las fuerzas de izquierda. Más allá de lo que ocurra con la cuarta urna, con la constituyente y con la reforma constitucional, una opción revolucionaria está creciendo.
7 de julio de 2008
El autor es economista.
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