El golpe militar en Honduras del pasado 28 de junio, que en realidad había comenzado a dar señales a mediados de ese mes, cuando el automóvil que transportaba al presidente Manuel Zelaya Rosales fue atacado, es un globo de ensayo de los nuevos esquemas golpistas que Estados Unidos plantea para la región, cuando su contrainsurgencia “cívica” no puede lograr la desestabilización de gobiernos, como se intenta en varios países de América Latina.
El presidente fue secuestrado por militares en su casa en la madrugada del 28 de junio y trasladado a Costa Rica en el mejor estilo de los golpes del terrorismo de Estado del pasado. La gravísima situación que continuó con medidas represivas, asesinatos, secuestros de funcionarios, de periodistas y de la propia canciller Patricia Rodas y embajadores de otros países, pone contra la pared a la propia administración estadounidense de Barack Obama. Todos los testimonios y denuncias señalan a los organismos de inteligencia y militares de Estados Unidos.
Hay una realidad incuestionable. Ese país mantiene una base militar en Palmerola, en la zona de Comayagua y construye otra supuestamente para la lucha antidrogas sobre la Costa Atlántica hondureña.
Con semejante instalación en un país como Honduras, la vigilancia del Grupo militar de la embajada y las instituciones como la CIA y el FBI, más sus fundaciones dependientes, disfrazadas de “democráticas”, es imposible que ignoraran el golpe de Estado.
En Palmerola, entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, está ubicada la estratégica Base Aérea José Enrique Soto Cano, donde opera la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo de Estados Unidos. Esta base fue impuesta en el esquema de la Guerra Fría en los años 80, cuando Washington llevaba adelante la guerra encubierta contra Nicaragua sandinista.
Por ese entonces, el embajador enviado por Estados Unidos, John Negroponte (1981-1985) era llamado el “Virrey de Honduras” por la forma en que controlaba la situación interna de ese país y también toda Centroamérica. Honduras es un país extremadamente vigilado y nadie podía ignorar en la sede diplomática de Estados Unidos lo que se estaba preparando contra el presidente Zelaya.
Las primeras rispideces entre el mandatario y Washington se produjeron el 27 de enero de 2006, a sólo ocho días de la asunción del gobierno cuando el entonces embajador estadounidense Charles Ford le solicitó asilo para el terrorista cubano-americano y agente de la CIA, Luis Posadas Carriles. Asi lo relató el presidente el 29 de agosto de 2008 a periodistas en su país. Zelaya dijo que rechazó esa petición y respondió que era imposible porque Posada Carriles “era una persona seriamente cuestionada en el mundo por actos terroristas”.
Posada había sido detenido en marzo de 2005 en Estados Unidos supuestamente por ingresar “ilegalmente” al país, pero era una operación de la Cia para proteger a uno de sus hombres, que en el año 2000 con otros de sus compañeros, fue apresado con explosivos en Panamá, durante la Cumbre iberoamericana cuando intentaba asesinar al presidente Fidel Castro y al mandatario venezolano Hugo Chávez.
Asimismo Posadas Carriles está acusado por Venezuela por su autoría en un atentado contra un avión de Cubana aviación que estalló sobre Barbados y dejó 73 víctimas en 1976.
Al relatar estos hechos Zelaya dijo que le constaba la defensa estadounidense de ese tipo de terrorismo y recordó las constantes interferencias de las embajadas de Estados Unidos en América Latina y cómo país fue víctima de la Guerra Fría en los años 80 cuando desde ese territorio se atacaba a Nicaragua.
La oposición interna en Honduras se activaría cuando Zelaya decidió unirse a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
En junio de 2008 visitó Honduras, Negroponte, entonces subsecretario de Estado, quien realizaba una gira regional y fue recibido por la protesta popular ya que estaba acusado por su responsabilidad en la desaparición forzada de más de 200 hondureños y extranjeros y la persecución, prisión y tormentos inferidos a otros en los años 80.
Negroponte manejó el traslado de militares de la dictadura argentina para acordar con la CIA el apoyo en la guerra sucia de los mercenarios de la “contra” nicaragüense, todo esto denunciado internacionalmente y sobre lo cual hay testimonios y documentos desclasificados.
Le preocupaba en 2008 que el presidente Zelaya, ante la situación de riesgo que presentaba el aeropuerto internacional de Tocontín en Tegucigalpa, hubiera pensando en ubicar un gran aeropuerto comercial en Palmerola. El cálculo de Estados Unidos es que la construcción del aeropuerto significaría el retiro de su base en el lugar. “Esto (de construir un aeropuerto) no se hace de la noche a la mañana” dijo Negroponte quien al finalizar su paso por Honduras donde mantuvo reuniones con el presidente Zelaya para firmar algunos acuerdos, pero además se reunió con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, y el titular del Parlamento Roberto Micheletti.
La Corte y Micheletti fueron activos participantes del golpe y este asumió el gobierno, mintiendo sobre la renuncia de Zelaya que nunca existió. También Negroponte se reunió con los ex presidentes Carlos Flores y Ricardo Maduro y otros dirigentes opositores.
Después de esta visita se incrementó la campaña opositora contra el presidente en la que la embajada de Estados Unidos tuvo papel preponderante.
EL FACTOR INTERNO
En un informe reciente el analista Guido Eguigure (Portal Rebelión, junio 2009) hizo una cronología de esta oposición interna que defiende poderosos intereses y de la que Zelaya “tomó distancia” desde el comienzo de su gestión, asumiendo una política interna independiente de esos poderes y de la presencia externa.
Sus medidas fuertes contra la corrupción estructural, la evasión fiscal, el enriquecimiento ilícito y otros males responsables de la injusticia que condenó a la pobreza y al olvido a Honduras. Zelaya eliminó el “monopolio de la importación de combustibles que dejaba ganancias millonarias a una empresa” y negocios de importación de armas y medicinas” entre otros, que durante unos 20 años estuvieron en manos del dueño de dos grandes medios de información. A su vez este potentado mediático recibía una fuerte “ayuda” económica del Estado.
“En 2008 enfrentó directamente a los diputados del Congreso en contra de un acuerdo de estos para reformar la ley electoral pretendiendo financiar de manera permanente los partidos políticos con el presupuesto nacional, propuesta que se ganó el rechazo unánime de la población y del ejecutivo”, señaló el analista.
Hubo otro distanciamientos con el Congreso por la elección de la nueva corte suprema de justicia y el Fiscal General que “borró la línea divisoria entre los dos partidos tradicionales, que se ubicaron nítidamente en contra del interés nacional y en contra del ejecutivo”.
El presidente realizó importantes avances a nivel social, pese a la oposición del Congreso y las conspiraciones y profundizó una amplia alianza con los sectores populares, mientras los grandes medios no cesaron nunca de atacar a su gobierno.
Estos actuaron decisivamente en el golpe con una propaganda terrorista contra la consulta no vinculante que había propuesto el gobierno planteando la posibilidad de un plebiscito destinado a realizar una Asamblea Constituyente.
Una consulta a todas luces legal, democrática y necesaria ya que llegando al bicentenario de la independencia de América Latina uno de los puntos clave es la reforma de constituciones donde en muchos casos privan normas neocoloniales impuestas por intereses ajenos a las soberanías nacionales o utilizables para sostener las dependencias.
Los medios masivos, también secuestrados por el poder neocolonial, actúan en Honduras con la típica metodología contrainsurgente desinformando y creando miedos en la población y sus discursos son modelos envejecidos de la Guerra Fría, como se ha visto tanto en el golpismo en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y en otros lugares.
Esa contrainsurgencia mediática se extiende por el mundo y se evidenció con el golpe en Honduras en diversos medios masivos que intentaron ocultar la gravedad del golpe e inclusive acusarlo a la víctima, el presidente Zelaya. Esto fue imposible de sostener ante la acción clara de América Latina y otros países del mundo y la posición tomada por la OEA, la ONU y el propio presidente de Estados Unidos que condenó el golpe.
Volviendo a la cronología de Eguigure este recordó que el 23 de junio el candidato a Alcalde de Tocoa de la izquierdista Unificación Democrática sufrió un grave atentado cuando sicarios dispararon casi 30 balas de AK 47 contra su automóvil y resultó gravemente herido. En esa misma ciudad fue asesinado Carlos Escaleras (ex candidato a alcalde por el mismo partido) hace ya más de diez años, caso emblemático de uno de los tres que se litiga ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Hay una cantidad de hechos similares que precedieron a lo actuado por los militares el 24 de junio cuando el presidente Zelaya destituyó al general Romeo Vásquez, (un alumno aventajado de la Escuela de las Américas) y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, después que ambos desobedecieran la orden de distribuir el material necesario para la realización de la consulta el pasado 28 de junio.
Al día siguiente, en un acto de extrema ilegalidad, la magistrada Rosalinda Cruz, anunció una decisión de la Corte Suprema que ordenaba la restitución en su cargo de Romeo Vásquez. Esa institución se plegaba al golpe. El presidente solicitó de inmediato al Consejo Permanente de la OEA una reunión urgente para el 26 de junio, a la vez que envió una carta a los presidentes del mundo denunciando la rebelión contra el poder civil, la voluntad del pueblo y la Constitución.
Valientemente advirtió que no se detendría la consulta popular y llamó al pueblo en defensa de sus derechos.
Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, denunció el golpismo y el secuestro de las urnas por los militares como “una ofensiva golpista planificada y ejecutada de manera articulada entre el Congreso Nacional fascista, los medios de comunicación y sus dueños; El Ministerio Público, los empresarios más poderosos del país y las Fuerzas Armadas, que han venido actuando en franco desacato a las decisiones del poder ejecutivo”. Se denunció que el ejército asumió un papel similar al de los años 80 “cuando servía de instrumento de desestabilización y represión” y también “la injerencia y participación de Estados Unidos y su embajador en Honduras, quién alertado de antemano sobre los hechos denunciados abandonó el país, y llamó a los directivos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones cercanas al gobierno norteamericano, a abandonar Honduras”.
El mismo día el presidente convocó a los sectores populares a la Casa de Gobierno y también al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para reafirmar su compromiso con la consulta. Al frente de su pueblo recuperó las urnas secuestradas.
Eso le costaría el secuestro y traslado ilegal y la instalación de un golpe brutal, repudiado a nivel mundial desde donde se exige la restitución del mandatario.
LA MANO QUE MECE LA CUNA
De acuerdo con un trabajo del Observatorio Social Centroamericano entre los propulsores del golpe figuran también las trasnacionales farmacéuticas que tienen sus laboratorios en varios países de América central y que apoyaron el movimiento desestabilizador contra el presidente Zelaya impidiendo a principios de este año la compra de medicamentos genéricos a precios posibles para atender la demanda del pueblo hondureño, con un atraso de más de medio siglo en salud.
En esto colaboraron activamente las Fundaciones de la CIA, como la National Endowment Foundation (NED) (supuesta Fundación para la Democracia) Y la Agencia Internacional para el desarrollo (USAID) y especialmente el nuevo engendro de ambos, “UnoAmérica” (Unión de Organizaciones Democráticas de América Latina) cuya peligrosidad aumenta con los días.
Financiada por la NED y conformada por militares, paramilitares de las pasadas dictaduras, mercenarios y fascistas UnoAmérica está señalada en el intento de intento de asesinato contra el Presidente de Bolivia, Evo Morales.
Precisamente la prensa hondureña en defensa del golpe dio testimonio del apoyo de esos grupos criminales en sus declaraciones desde Colombia contra el presidente y estimulando el golpismo. Varios ex militares hondureños de los tiempos de la guerra sucia partícipes en el golpe son partes de esta organización que tomó las bases de la siniestra Operación Cóndor, una coordinadora criminal de las dictaduras del Sur y las centroamericanas. El periodista Jean Guy Allaard la llama “Alianza Fascista Panamericana” con toda razón.
Pero el factor externo y fundamental detrás del golpe es el interés en la preservación de las bases militares de Estados Unidos en Honduras, dentro del plan de control de ese país, cuando el mapa de Centroamérica no favorece a Washington.
Como denunció el Grupo de Estudios sobre América Latina y Caribe (GEAL) a fines del año 2007, Washington considera a Centroamérica su “frontera sur”, y el plan es resguardarla bajo una fuerte presencia militar.
Esto se complicó más con el nuevo plan de seguridad regional para México y Centroamérica al que destinó Washington mil 400 millones de dólares. Sandino Asturias, director de la ONG “Centro de Estudios Guatemaltecos” sostuvo que “al plan Maya-Jaguar y Palmerola, se unen los guardacostas en El Salvador, los helicópteros estadounidenses en Guatemala y Honduras, el fuerte papel de la DEA y el centro de radares en el aeropuerto (militar) salvadoreño” al explicar la estrategia estadounidense.
El plan Maya-Jaguar, acordado en 1998 y “renovado cada año por Guatemala y Estados Unidos, establece la presencia de soldados estadounidenses en territorio guatemalteco para reprimir el narcotráfico”.
Este movimiento de tropas de Estados Unidos que además asesoran y forman policías y militares es respaldado por las unidades de infantería y naves de la Fuerza Aérea en la base de Palmerola.
Allí recordó Asturias se encuentra la pista de aterrizaje más grande de Centroamérica que tiene más de dos mil 600 metros, específicamente necesaria para los grandes aviones de Estados Unidos.
“Hay un triángulo entre El Salvador, Guatemala y Honduras que refuerza la presencia militar de Estados Unidos” dijo Asturias.
El comisionado de derechos Humanos de Honduras Ramón Custodio ha denunciado que “Palmerola es una ocupación militar” de Estados Unidos en su país. A esta presencia invasora se añade ahora una nueva creación. El 6 de febrero de 2009, el embajador de Estados Unidos Hugo Llorrens colocó la primera piedra de una base supuestamente antidrogas que deberá estar concluida en marzo de 2010 para ser inaugurada por el gobierno que asuma el 27 de enero de ese año.
El Departamento de Gracias a Dios donde se ubica la base, es fronterizo con Nicaragua y estratégico para los planes de dominación regional de Washington. Se sostiene que por ese corredor pasa droga procedente de Colombia hacia Estados Unidos y esto incluye al departamento insular de Islas de la Bahía, (Utila, Roatán, y Guanaja).
El almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur ya anunció la instalación de alta tecnología en el lugar y el envío de aviones y avionetas de interdicción, lanchas rápidas. También habrá entrenamiento de tropas. Para los “halcones” de Washington cualquier posibilidad de que un presidente como Zelaya continuara en el cargo o fuera sucedido por alguien con su misma posición en defensa de la soberanía nacional y con independencia real de Washington no “es conveniente y menos en una región hay varios gobiernos insumisos”.
CubaDebate.