Es falso que el gobierno de Estados Unidos solo libre guerras sucias contra países pobres del Tercer Mundo. O que limite sus belicosos abusos al enfrentamiento "contra el terrorismo" que subsuma las desiguales guerras contra Irak, Afganistán y tantas otras que están por estallar contra Irán, Corea del Norte, Yemen, Sudán, Líbano, Siria y otros estados "malvados".
Lo cierto es que Washington está también empeñado en otras muchas guerras sucias -o una sola guerra contra varios enemigos- en su propio país, que no es ni subdesarrollado ni tercermundista. El gobierno de Estados Unidos sostiene en la actualidad verdaderas guerras contra indeseados luchadores por las libertades y derechos civiles.
Los enemigos son inmigrantes indocumentados, luchadores contra la guerra, militantes solidarios con pueblos agredidos por el imperio, combatientes anti racistas, adversarios del fanatismo anti musulmán, ambientalistas incorruptibles, dirigentes sindicales no vendidos a los patronos, así como los activistas que reclaman más puestos de trabajo, mejores condiciones de vivienda, atención de la salud y educación, cuyo número crece sin cesar.
La proliferación del activismo disidente en Estados Unidos obedece, a mi juicio, al hecho de que el "establishment" o sistema de relaciones que rige en la sociedad, proyecta una imagen de enorme solidez, dada por los casi infinitos recursos materiales para su seguridad y defensa en que se apoya, además del formidable control que ejerce sobre los medios de comunicación.
Todo ello conforma un escenario tan hostil para quien se plantee el propósito de enfrentarlo de manera directa que quienes disienten optan por manifestar su descontento de manera colateral, a través de organizaciones de protesta específica que no atacan al sistema de manera frontal.
El acoso y la sistemática represión, con aparatosa irrupción en sus domicilios, asaltos a sus locales de reunión y redadas que lleva a cabo la Oficina Federal de investigación (FBI) contra estos activistas incluye la confiscación de computadoras, libros, listas de destinatarios de correos electrónicos, teléfonos celulares, cámaras, videos, documentos de todo tipo, pasaportes y fotografías de Martin Luther King y Malcolm X. Así ha sido recientemente en Michigan, Illinois, Minnesota, Carolina del Norte, Wisconsin y California. Todo con el propósito de intimidarles y sembrar en ellos el terror para que cesen en sus altruistas y humanitarias actividades.
Constantemente llegan mensajes de protesta al Presidente Barack Obama, a su Vicepresidente, al Fiscal General, al Inspector General del Departamento de Justicia, a los líderes del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, así como al Secretario General de las Naciones Unidas y a los medios de comunicación. Pero ninguno se publica, como no sea en la prensa alternativa, de escaso alcance.
Tampoco en los medios dominantes o "mainstream media" ocupan espacios las denuncias por los acosos de activistas, ni las noticias acerca de los asaltos a sus hogares y oficinas. Estas noticias se manipulan con el mismo celo que las referidas las guerras externas.
En muchas ocasiones, tras los asaltos y registros, se reparten citaciones a los más conocidos y respetados activistas defensores de derechos humanos y civiles para que testifiquen ante un gran jurado federal investigador de los delitos de apoyo al terrorismo con el propósito de intimidar no solo a estos valientes discrepantes sino también a sus seguidores.
Esta manera de tratar de apagar la creciente oposición del pueblo a las guerras de su gobierno mediante la supresión de los derechos civiles y políticos de quienes dedican su tiempo y energía a promover la comprensión de cuestiones de justicia social y del derecho internacional que la prensa corporativa esconde, se hace cada vez más difícil de sostener y las encuestas demuestran que la incredulidad respecto a los medios crece sostenidamente.
En última instancia, estas guerras internas que mantiene el gobierno de los Estados Unidos forman parte sus deberes y su razón de ser como fachada del gobierno supremo de los bancos, las corporaciones y el complejo militar industrial, que jamás fuera electo pero es el que rige los destinos de la superpotencia.
Se trata de conflictos inevitables en cualquier sociedad capitalista entre dueños y trabajadores que, en la actual etapa imperialista de Estados Unidos, se agudizan al extremo.
Las Leyes Patrióticas promulgadas tras el ataque terrorista de origen y autoría aún no identificados convincentemente contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington solo han incrementado la intensidad de las contradicciones entre el proyecto hegemónico global de Estados Unidos y las aspiraciones de desarrollo en armonía con el resto del mundo de la ciudadanía de esa nación norteamericana.