La mujer aporta los óvulos a fecundar y aloja en su vientre el embrión hasta el desarrollo completo del feto. El hombre aporta el espermatozoide que fecunda el óvulo.
La mujer en este plano aporta mucho y el hombre poco. La mujer corre además todos los riesgos.
Es de justicia elemental entonces que las mujeres tengan los derechos sobre su cuerpo.
Eso es todavía más justo -como a menudo sucede en estas sociedades machistas, en este sistema patriarcal- cuando se trata de una adolescente engañada o violada, cuando la mujer es abusada, y luego abandonada, cuando es contagiada de Sida, cuando es infectada, cuando todo o algo de esto se mezcla con la pobreza y la pobreza extrema, cuando existen amplios riesgos de muerte o de afectación permanente, cuando no resiste procrear más descendencia, cuando mantener el embrión incrementa riesgos de todo tipo.
El aborto terapéutico en muchos de estos casos es fuente de vida y de bienestar. Lo que se sacrifica, antes de que la criatura esté conformada, es un embrión.
Si el embrión fuera “un ser humano”, el ovario o el espermatozoide podrían ser considerado como “media vida humana”; y de acuerdo a ese dislate inicial, la eyaculación y la muerte mensual de uno o varios óvulos sin fecundar, podrían ser calificadas de genocidio o de asesinato inducido.
Por esa vía es posible llegar a la ridiculez o al absurdo, porque aunque los espermatozoides, los óvulos y los embriones intervienen y forman parte del proceso de creación y evolución hacia el ser humano, no son en sí mismos seres humanos.
Tiene sí sentido de humanidad procurar que el aborto inducido o terapéutico se ejecute antes de que la criatura se conforme.
Asumir el dogma de “defender la vida desde la concepción hasta la muerte” y, en consecuencia, considerar homicidio o asesinato la interrupción del embarazo en sus inicios, es una formulación de gravísimas consecuencias, a la que darle rango legal es realmente criminal y aberrante.
Revela desprecio por los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y sus opciones de vida.
Imposibilita el empleo de la ciencia para oportunamente decidir sobre el desarrollo de una criatura que no habrá de sobrevivir al parto.
Agrede los sentimientos de las mujeres violadas y abusadas, y tiende a afectar seriamente su salud física y mental en casos de embarazos no deseados y/o riesgosos para el destino de la madre y del embrión; propicia, casi siempre, la muerte de la madre. Estimula además el aborto ilegal en las peores condiciones y a altos precios.
Fomenta en la juventud la cultura del terror y el miedo.
Castiga los métodos anticonceptivos posteriores a la fecundación y penaliza los métodos que posibilitan superar la infertilidad en la relación de parejas.
Y, en una sociedad capitalista donde priman las grandes desigualdades y las enormes diferencias en el acceso a los recursos de salud, condena a la muerte y al sufrimiento a las embarazadas empobrecidas y expuestas a una represión discriminada, aplicada con potentes lentes clasistas.
Porque las mujeres burguesas y de sectores elevados de las clases medias, podrán evadir la exposición a la represión acudiendo, aquí y fuera, a clínicas elitistas cubiertas por la hipocresía; como también lo harán los obispos y los curas privilegiados con las víctimas de sus impulsos escondidos; y cuando no, habrán de condenarlas al silencio y al abandono, apelando al miedo a Dios o al “infierno”.
Sólo a mentes medievales, fanáticas, aberrantes… puede ocurrírsele darle rango constitucional o de ley a esos designios de muerte y despotismo. Mucho de “Opus Dei” y fascismo, y mucho de oportunismo electoralista pro-conservador, animado del deseo espurio de perpetuación, hay en esta pretensión.
Pero “no hay mal que por bien no venga”: los inefables padrinos y madrinas del artículo 30, calcularon mal. Su aprobación en primera lectura y el debate que ha desatado se ha vuelto en su contra con fuerza de huracán, hasta descubrir la naturaleza espuria de todo el contenido de la Constitución leonelista-cardenalicia y exhibir la mugre e indigencia política y moral de la Asamblea Revisora.
¡Ahora hay más razones y más conciencia para hacer de la Constitución de 1963 remozada, de la Constituyente participativa y popular y del Estado laico grandes banderas de lucha!