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Colombia: el dilema de un proceso de liberación
Por: Prensa Latina | 6:28 AM

BOGOTA, 27 abr (PL).- La liberación unilateral del suboficial del Ejército Pablo Emilio Moncayo por parte de la guerrilla mantiene en vilo hoy a la opinión pública, luego que el gobierno colombiano descartara la participación en el proceso de un amplio grupo de la sociedad civil.

El anuncio del presidente Alvaro Uribe en torno a que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia son las únicas instituciones autorizadas a hacer contacto y gestiones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la liberación de Moncayo, generó preocupaciones en diversos sectores sociales y políticos.

Con esa declaración el mandatario descartó la participación de la senadora liberal Piedad Córdoba, quien encabeza un grupo de la sociedad civil en favor del intercambio humanitario y mantiene un diálogo epistolar con la guerrilla, a fin de hallar una solución al conflicto.

De esa manera quedaron excluidos de la misión humanitaria Colombianos y Colombianas por la Paz, agrupación que ha mantenido una activa gestión en pos del proceso de paz en la nación.

Ante las declaraciones de Uribe, el director del semanario Voz, Carlos Lozano, apuntó que el Ejecutivo debe reflexionar sobre su decisión, pues cierra la puerta a la liberación de Moncayo, anunciada a mediados de mes por el Secretariado del grupo insurgente, con la advertencia que lo entregaría a Córdoba y a su padre el profesor Gustavo Moncayo.

En opinión de Lozano, el anuncio de Uribe -que calificó de delirante- confirma la falta de voluntad del gobierno para garantizar la libertad del prisionero, a la vez que autoriza operativos militares provocadores que afectan la misión y ponen el riego la vida del suboficial.

Si el gobierno quiere favorecer la liberación debe proceder a coordinar con la senadora liberal y con el profesor Moncayo todos los aspectos concernientes a la logística de la operación, puntualizó.

Todo lo demás, advirtió, son acciones dilatorias y peligrosas, porque le da vía libre al rescate militar. En torno a los pronunciamientos del jefe de Estado dirigidos a descalificar a Colombianos y Colombianas por la Paz, Lozano señaló que son retóricos y provocadores.

Si alguien debe estar en la cárcel es quien abusando del poder ha tolerado y auspiciado la "parapolítica", la impunidad de los crímenes del paramilitarismo, los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales, la violación de los derechos humanos, la entrega de la soberanía nacional, la corrupción y el favoritismo para que su familia se enriquezca con las gabelas del gobierno, espetó.

Por su parte, Alan Jara, ex gobernador del departamento central Meta y quien estuvo por más de seis años en poder de las FARC, patentizó su perturbación por la posición del gobierno.

"Recurro a su buen corazón presidente, así como usted me dijo cuando fui liberado que de corazón había facilitado mi regreso a la libertad. Permita que tengamos a Pablo Emilio".

Jara también manifestó que la liberación de Moncayo y de los demás prisioneros no son un "show" mediático, ni tampoco un tema para hacer política, como sugirió Uribe en sus declaraciones.

"Esto no se trata de un show, una libertad no puede estar condicionada a nada distinto que a privilegiar la vida", expresó.

En este contexto, la senadora Piedad Córdoba respondió que no abrirán un frente de batalla con el presidente Uribe. "Pensamos que hay que seguir trabajando, buscando las fórmulas para que rápidamente se de la liberación de Pablo Emilio Moncayo. El presidente tendrá sus razones, las respetamos pero seguimos trabajando", precisó.

El siguiente paso -añadió- será "conseguir la logística brasileña" que permita acelerar el proceso.

En este sentido, Iván Cepeda, analista de Colombianos por La Paz, informó que la senadora viajara esta semana a Brasil para pedir apoyo y destrabar la liberación del uniformado.

Lo cierto es que la decisión del gobierno colombiano socava las gestiones adelantadas por Colombianos y Colombianas por la Paz, y de un grupo amplio de políticos y activistas por los derechos humanos, quienes han logrado recientemente la liberación unilateral de seis integrantes de la fuerza pública y los políticos Alan Jara y Sigifredo López.