● Respuestas a la crisis del Covid-19 en un conexto de reformas

Los efectos de la pandemia en la economía del país causada por el Covid-19 se manifiestan en una contracción del producto en el 2020 en el orden de -6.7%, un incremento en la pobreza monetaria al pasar de 21.0% en el 2019 a 23.4% en el 2020, un aumento de la pobreza extrema de 2.7% a 3.5%, evidenciando la pérdida de ingresos, en gran medida, por la merma de empleos, tal y como se refleja en el incremento en los índices que miden la desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3) y la desocupación, subocupación y fuerza de trabajo potencial (SU4) en el orden de 4.1y 3.0 puntos porcentuales, situándose en 14.9% y 18.6%, respectivamente.

En tanto, la recuperación del ritmo de crecimiento con tendencia a lograr los niveles del PIB potencial y proyectado para el presente año, podría verse afectado por el rebrote de los casos de contagios y la aparición de nuevas cepas, no obstante haberse logrado en el primer trimestre enero-abril un crecimiento de un 11.5%. Aunque se espera que la vacunación de la población permita mantener el ritmo de actividad económica de manera sostenida iniciado en el primer semestre del presente año.

En ese orden, los impactos adversos del Covid-19 en la economía y la sociedad dominicana dejan en evidencia la vulnerabilidad de los sectores productivos del país y fragilidad de los limitados logros en el ámbito social, como resultado de los eventos circunstanciales que han sacado a relucir las debilidades de la estructura productiva nacional, sustentada en la especialización de productos comercializables de escaso valor añadido, encadenamientos productivos dependientes de materias primas y tecnologías importadas, eslabonamientos sustentados en transmisores de precios asimétricos, baja productividad laboral, y una incidencia significativa del sector servicio en la formación del producto, dependiente de la demanda externa.

Ante esta realidad, el Estado dominicano se yergue como “la mano no invisible” que, por un lado, ha contrarrestado la desaceleración del producto, evitando el colapso de los sectores productivos y el comercio, restringiendo el incremento de los niveles de pobreza, contrarrestando mayores pérdidas del ingreso de la población más vulnerable y, por otro lado, contribuyendo a la reactivación de la economía mediante créditos a tasa cero a los sectores agropecuario y MiPymes.

Concomitantemente, con las acciones y medidas implementadas con carácter de urgencia por el Gobierno como respuesta a los efectos de la pandemia en la economía y la sociedad dominicana, están sobre el tapete los procesos de reformas en el sistema fiscal, reformas en la policía, reforma de la Fuerzas Armadas, reformas en el sistema energético, reformas en el sistema de pensiones y seguridad social, entre otras.

En ese aspecto, se plantea la interrogante de cómo conjugar las políticas de corto plazo orientadas a dar respuesta a la coyuntura de la pandemia y, que a su vez permitan la creación de condiciones para una transformación económica dirigida a superar los problemas estructurales propios de las falencias institucionales y los consecutivos “parches” a la legislación que norma las políticas públicas.

Si bien es cierto que, la desaceleración de la actividad económica registrada a partir del segundo semestre del 2020 se corresponde con la agudización de la pandemia iniciada en el primer trimestre del mismo año, al revertir el acostumbrado ritmo de crecimiento en el país en las últimas dos décadas, no menos ciertos es que sale a relucir las debilidades estructurales que hacen vulnerable la economía local, tales como: limitada capacidad exportadora del país, escaso valor local añadido de los productos primarios exportables, la condición de país aceptante de precios, la condición desfavorable de los términos de intercambios, la especialización de la producción del sector primario sustentado en encadenamientos que favorecen la intermediación, la incidencia del sector servicios dependiente de la demanda externa en la formación del producto nacional y generación de divisas, en adición al débil encadenamiento con los sectores productivos y comerciales nacionales.

De igual modo, la baja productividad en las empresas dada la escaza formación laboral de sus trabajadores, la prevalencia de trabajos no cualificados de baja remuneración, y elevada informalidad laboral cercana al 52.0% de la fuerza de trabajo hacen más vulnerables los sectores productivos.

A estas falencias en el ámbito de la economía sectorial y laboral, se añade la alta dependencia del país del financiamiento externo. De cierta forma asociada a las políticas monetarias expansivas de los principales bancos centrales de los países desarrollados, que fomentan entre los inversores privados la búsqueda de altos rendimientos en los mercados emergentes y de países subdesarrollados ávidos de recursos externos.

Así la deuda externa pasó de un 25.7% del PIB en el 2013 a 26.6%, en el 2019. En tanto la deuda consolidada se incrementó de un 45.1% a 50.5%. Lo que se ha traducido en incrementos del servicio de la deuda, al pagarse intereses ascendentes a un 16.63% del gasto total en el 2020, con una proyección a concluir el 2021 en un 17.8 %.

A todo esto, se añade el incremento obligado de la deuda a niveles sin precedentes, para sostener la estabilidad cambiaria y consecuentemente mantener el nivel al proyectado bajo el esquema de meta inflacionaria a los fines de contrarrestar lo que podría ser un incremento devastador de la inflación, lo que limitaría el ámbito de acción para una política fiscal anticíclica y, por consiguiente, conducir a la fragilidad e inestabilidad financiera.

Dado el significativo grado de apertura e integración financiera del país, así como la condición de dependencia externa y nulidad en la formación de precios en los mercados internacionales, la economía nacional está expuesta a los ciclos económicos y de liquidez de los países industrializados, a las oscilaciones de los precios internacionales de las materias primas y la demanda externa de servicios turísticos, otorgándole un papel fundamental al tipo de cambio como mecanismo de transmisión de la política monetaria, sin dejar de constituirse en uno de los factores relevantes en la competitividad de los sectores generadores de empleos, como los son el turismo y las zonas francas.

Así, si bien las medidas contracíclicas de carácter monetario y fiscal implementadas por el Gobierno a los fines de contrarrestar los efectos de la pandemia, han evitado el colapso del sistema de salud y la capacidad laboral nacional, al incidir en las variables nominales, financieras y reales que han contribuido en mantener la demanda agregada en niveles que permitirían recuperar la tasa de crecimiento cercano al crecimiento potencial y proyectado, es relevante reorientarlas en el mediano y largo plazo hacia la modificación de las características estructurales del país.

En ese orden, la política fiscal además de contribuir a revertir los efectos de la pandemia juega un papel relevante en contrarrestar la contracción del crecimiento, dado su efecto multiplicador para impulsar la demanda agregada, al impactar directamente en los ingresos y la creación de niveles de ahorro suficiente para financiar el gasto en inversión. Sin embargo, este tipo de política está condicionada por tres factores, a saber: el grado de dependencia de la economía con respecto al resto del mundo, reflejada en la propensión a importar; la distribución del ingreso, que determina la propensión a consumir, y la presión tributaria.

En correspondencia con lo anteriormente planteado, es de esperarse que el impacto de una política fiscal expansiva sólo será realmente significativo en el caso de países donde la inversión pública tiene un peso importante, como mínimo un 20% en la formación bruta de capital fijo total de la economía, y que pueden incrementar de manera contundente su gasto de inversión a corto plazo. Siendo el caso concreto, la participación promedio en la inversión total de un 12.86% en la RD, en los últimos 20 años. Con una tasa de crecimiento de la inversión pública de 17.0% promedio, inferior al 20% requerido para economías subdesarrolladas.

En ese orden, en el caso dominicano, el PIB aumenta un 0.07%, ante un incremento de un 1.0% de la Inversión Bruta de Capital Público, siendo la participación de la inversión pública en la inversión total de un 12.86%, promedio del periodo 2000-2020, y una tasa de crecimiento promedio del PIB de 4.4%. Lo cual resulta inferior a la incidencia de 0.10% de incremento en el crecimiento, que se logra en una economía con una tasa de dinamismo económico de un 5.0%, y una participación en la inversión total de un 10.0%.

No obstante, las urgencias del momento, es imprescindible adoptar en lo inmediato políticas de largo plazo orientada a cambiar la base productiva y crear encadenamientos rentables y redistribuidores equitativos del ingreso en toda su fase para aumentar la eficacia de las políticas macroeconómicas a corto plazo y posibiliten las reformas esperadas por la sociedad dominicana.

Se debe vislumbrar una política agresiva dirigida al incremento de la inversión pública, de modo que la inversión se destine a la creación de capacidades, que tienda al logro de una competitividad autentica, basada en la tecnología, la productividad laboral, y la diversificación.

En tanto, la política de gasto, sustentada en mayores niveles de inversión pública requiere de políticas tributarias progresivas que contribuyan a mayores niveles de recaudación, de forma que la relación entre la deuda pública y el PIB se mantenga en una trayectoria sostenible y compatible con los objetivos de reducción de la desigualdad y reducción de la pobreza.

El objetivo de restablecer el dinamismo económico orientado a mejorar los ingresos de la población con equidad distributiva, que permita sostener una demanda efectiva sustentada en mayores niveles de empleo de alta productividad, debe verse en el contexto de acciones y medidas que superen la inmediatez, debiendo ser implementadas desde una perspectiva de largo plazo para solidificar la base del desarrollo económico a partir de las sinergias entre los sectores productivos.

Para esto se requiere de cambios en la estructura económica sustentada en actividades que generen mayor valor en los eslabones de la cadena productiva, para lo cual se requiere de mecanismos más eficaces de transmisión de la política monetaria y de la política fiscal en el logro del restablecimiento de la dinamicidad económica, la generación de empleos mejor remunerados, y el incremento progresivo de la demanda agregada.

Todo lo anterior, enmarcado en una perspectiva que vincule la política fiscal, la política monetaria, las políticas sectoriales, el cambio estructural y el entorno externo, orientado a la construcción de un nuevo esquema de desarrollo sustentando en la calidad de vida de la población.

● Bernardo Hirán Sánchez Melo,
es titulado Ph.D. en Economía.