1.- En una sociedad humana supuestamente civilizada, organizada bajo un Estado de derecho, cada miembro de la comunidad debe tener sus libertades y derechos debidamente garantizados.

2.- Abel Martínez Durán, como ser humano, ciudadano y por su investidura, merece que se le dé respuesta de las actuaciones en un inmueble ligado a él, por la fiscalía y los servicios encargados de investigar los ilícitos vinculados con la Ley 50-88, sobre drogas ilegales.

3.- No es cuestión de que las ejecuciones del Alcalde Abel, al frente de la alcaldía agraden o no a determinados sectores políticos y sociales. Lo que debe preocuparnos es que el ciudadano Abel, como cualquier otro, tiene legítimo derecho a tener garantías institucionales.

4.- La coherencia impone proceder en forma consecuente. Levantar la voz para que se respeten las prerrogativas inherentes a la persona de Abel Atahualpa Martínez Durán, es tener calidad mañana para censurar cualquier otro atropello, sin tomar en cuenta condición política, ubicación social o criterio ideológico.

Santiago de los Caballeros,
15 de enero de 2021.