Por: OMAR PÉREZ SALOMÓN | 9:52 PMCon fecha 11 de septiembre de 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un memorando donde indica que con relación a Cuba se prorroga durante un año las medidas previstas en la Ley contra el Comercio con el Enemigo, que significa que continúa la política de inhumano bloqueo a la isla que habían mantenido sus predecesores.
Esta ley, aplicada en estos momentos solo a Cuba, prohíbe que las empresas estadounidenses puedan comerciar con países hostiles, y fue la que se empleó para comenzar el bloqueo contra nuestro país en 1962.
Es de suponer entonces, que las minúsculas medidas anunciadas el pasado 13 de abril por la Administración norteamericana, en vísperas de la Cumbre de las Américas, que permitirían algunas operaciones en materia de telecomunicaciones entre los dos países, transiten por escabrosos caminos para su implementación.
El anuncio de la Casa Blanca no implica el inicio de inmediato de negociaciones entre los proveedores de telecomunicaciones de ambos países, debido a las restricciones regulatorias en vigor en el vecino país del norte.
En bancos de Estados Unidos se encuentran confiscados unos 200 millones de dólares pertenecientes a empresas de telecomunicaciones de Cuba.
Además, el gobierno norteamericano deberá revisar su actual marco reglamentario para poner en práctica las modificaciones indispensables que se requieran a fin de garantizar que las empresas de servicio de telecomunicaciones estadounidenses no sean objeto de demandas de las partes que han solicitado activos de Cuba.
El hecho de que la Administración Obama haya incluido a Cuba en el listado de países que según ellos patrocinan el terrorismo, propicia que amparado en ese enunciado, cualquier persona jurídica o natural en Estados Unidos pueda solicitar que se le indemnice, utilizando dinero cubano depositado en cuentas en ese país, y además que determinados jueces fallen a favor de utilizar los fondos cubanos.
Solo en las últimas semanas, jueces en Maine y Miami concedieron más de 40 millones de dólares en indemnizaciones a personas que demandaron a Cuba.
Lo cierto es que el bloqueo contra Cuba se mantiene inalterable, por un lado tibias medidas para supuestamente modificar la ejecución del mismo y por otro, se recrudece al imponer sanciones a empresas que comercializan con Cuba, una muestra más de la hipocresía del imperio al tratar este asunto.
Mientras tanto, el bloqueo impide la adquisición de equipos, aplicaciones informáticas y software de las compañías de Estados Unidos que son las más importantes en esta actividad, aumentando en un 30 por ciento los costos de cualquier inversión al tener que buscar alternativas en mercados más distantes.
Desde 1962 tenemos prohibido el acceso a equipos de telecomunicaciones de cualquier compañía o subsidiaria estadounidense y en el año 2000 las comunicaciones directas con Estados Unidos, que representa alrededor del 70 porciento del tráfico internacional de Cuba, se interrumpieron.
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, como resultado de esa criminal práctica está obligada a conectarse por terceros países con significativas pérdidas y dificultades. Algo similar le ocurren a las operadoras celulares del vecino del norte, que no pueden establecer el servicio Rooming con la operadora cubana CUBACEL.
Por supuesto, estas realidades no se publican en los medios de comunicación capitalistas y se insiste en presentar al gobierno de Estados Unidos como “el benefactor” del pueblo cubano ofreciendo la posibilidad de mejorar las comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet, mientras bloquea el desarrollo de las telecomunicaciones de Cuba.



