Por: Editor de En Primer Plano | 9:23 AM5 de 8
Así, por ejemplo, hace unos meses se inició un plan para facilitar la formalización de PYMES mediante la creación de una ventanilla única que permite que las empresas realicen, en un solo lugar, todos los trámites que sean necesarios para constituirse.
De la misma forma, estamos utilizando el poder de compras del Estado para incrementar la demanda de bienes y servicios por parte de las PYMES.
En el 2013, las compras gubernamentales al sector están presupuestadas en aproximadamente 33 mil millones de pesos, cifra sin precedentes que, sin duda, dinamizará notablemente este sector.
Para apoyar a las MIPYMES el gobierno dominicano tiene varios programas de financiamiento. La recientemente creada “Banca Solidaria” o “Banco de los Pobres” y el programa PROMIPYME, han aprobado y desembolsado, desde el 1 de septiembre, préstamos por más de 800 millones de pesos. Con los que se ha beneficiado a 10 mil 200 Micro y Pequeños empresarios.
Cabe señalar que de este total el 90% pertenecen a la nueva Banca Solidaria y solo el 10% al programa regular de PROMIPYME. Por su parte, Banreservas ha aprobado 774 solicitudes y desembolsado 780 millones de pesos, mientras que la Fundación Banreservas ha aprobado 75 millones de pesos, para un total de dos mil 533 préstamos a microempresarios.
Detrás de estas cifras hay miles de personas, especialmente mujeres, que durante años no tuvieron acceso al crédito y ahora, por primera vez, ven realizado su sueño de tener un pequeño negocio, con el que puedan echar hacia adelante a sus familias. Es, por tanto, otra herramienta fundamental para la creación de empleo y oportunidades.
Sin embargo, nuestro apoyo al desarrollo del aparato productivo no se limita únicamente a las MIPYMES.
En abril de 2012, en el marco del Segundo Congreso de la Industria Dominicana, nos comprometimos a favorecer un entorno competitivo para este sector, conformado tanto por las industrias que producen para el mercado local, como por aquellas que lo hacen en las zonas francas para el mercado de exportación.
Cumplir con este compromiso, no es solo un deber moral, sino también una forma de apoyar nuestro propio proyecto de país. Porque significa crear nuevos empleos formales, incrementar la producción de divisas y reducir las importaciones de bienes terminados, que se producen ya en la República Dominicana.
Es por eso que hemos abierto un espacio de diálogo permanente entre los representantes de estos sectores y los ministerios de la Presidencia y de Industria y Comercio, fruto del cual se han adoptado varias medidas que, desde hace meses, favorecen el acceso a financiamiento y compras gubernamentales de las industrias nacionales.
De la misma forma, seguiremos apoyando la notable recuperación del sector de zonas francas, que ha vuelto a ocupar el primer lugar en la producción de divisas, así como el encadenamiento productivo de todas las industrias instaladas en el país, para crear un entorno de equidad fiscal y competencia armónica, con una meta común: conquistar el mercado internacional.
Honorables Asambleístas,
Les hablo de crecimiento y desarrollo y no puedo, por supuesto, pasar por alto un elemento fundamental en ese camino: el sector eléctrico.
Este es un problema que arrastramos desde hace varias décadas y que sufre todo el país. No existen soluciones sencillas para abordarlo, sin embargo, nuestro gobierno está decidido a actuar con responsabilidad y poner en marcha un plan integral para darle una respuesta definitiva.
Tenemos la voluntad política y esperamos contar con el apoyo y el consenso de toda la sociedad para deshacernos, de una vez por todas, de este lastre que hasta hoy sigue frenando el progreso en nuestro país. Como muchos saben, nuestro sector eléctrico arrastra un déficit insostenible de más de 100 millones de dólares mensuales.
Desde la crisis de precios del petróleo del año 2008 al 2011, el gobierno ha transferido por concepto de subsidio al sector eléctrico un monto promedio anual superior a los mil millones de dólares.
Esto significa que en los últimos cinco años el sector eléctrico ha requerido más de cinco mil 500 millones de dólares. Es decir, más de 240 mil millones de pesos.
Este déficit es producto de 3 problemas fundamentales: el primero de ellos es el alto costo de generación, debido a que más del 60% de la energía que producimos proviene de derivados del petróleo.
El segundo problema son las altas pérdidas de las empresas distribuidoras, producto tanto del mal estado de las redes como del robo de energía, que se traduce en cientos de millones de dólares no recaudados cada año.
Y en tercer lugar, arrastramos también deficiencias en la gestión de las empresas del sector que necesitan ser corregidas.
Es verdad que en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en el sector para reducir las pérdidas, aumentar los cobros y optimizar la compra de energía a las generadoras. Además, la tarifa eléctrica aumentó en dos ocasiones entre 2009 y 2011, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, este gran esfuerzo se ha diluido por los altos precios de compra de energía que enfrentan las empresas distribuidoras, muchos de los cuales están determinados por los contratos existentes.
Teniendo en cuenta todo esto, la estrategia integral que hemos diseñado para el sector consta de tres pilares, que dan respuesta a cada uno de los tres retos que enfrentamos.
En primer lugar, vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes para aumentar la capacidad instalada y modificar simultáneamente la matriz de combustible degeneración. Dicho de otra forma, vamos a producir más energía, y lo haremos a través de fuentes que nos permitan reducir nuestra dependencia del petróleo.
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento económico del país, los cálculos realizados nos dicen que en el 2016 deberíamos tener instalada una capacidad efectiva de 3 mil 800 megavatios. Eso significa que debemos instalar alrededor de mil 500 megavatios adicionales.
Considerando las actuales tecnologías y combustibles disponibles, estas nuevas facilidades deberán incluir plantas de ciclo combinado a gas natural, plantas a carbón, y plantas en base a energías renovables, que demandarán inversiones por más de 3 mil millones de dólares, solo en el sector de generación.
En concreto, nuestro Plan incluye las siguientes acciones, que reducirán el déficit del sector entre 600 y 800 millones de dólares.
Como primera medida, se dará inicio de manera inmediata a los procesos para la contratación por parte del Estado de la construcción de dos plantas a carbón de 300 MW cada una. Además, vamos a concluir las negociaciones para la adquisición, y el suministro de gas natural a precios que hagan viable la instalación de dos Ciclos Combinados de 300 megavatios a gas natural.
Simultáneamente, vamos a facilitar la optimización de los recursos existentes, ya sean de carácter privado o de propiedad mixta, para ampliar la capacidad instalada en al menos 600 megavatios más a gas y/o carbón.
Además, vamos a finalizar los proyectos de pequeñas hidroeléctricas, que están en marcha. Iniciaremos en un esfuerzo conjunto con el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la construcción de 19 minicentrales hidroeléctricas comunitarias. Esto nos permitirá hacer llegar el suministro por primera vez a más de 2 mil 100 familias de áreas montañosas del país.
El plan previsto hasta 2016 contempla la construcción de 50 minicentrales, que llevarán luz y progreso a un total de 5 mil 500 familias de nuestras zonas más apartadas.
Paralelamente vamos a invertir alrededor de 224 millones de dólares en proyectos de Transmisión.
Esto incluye la finalización de líneas como Julio Sauri -Paraíso o el Cruce San Juan.
La construcción de subestaciones en Dajao, Herrera, Arroyo Hondo, San Juan de la Maguana, Cruce Cabral, San Cristóbal y Hato Mayor, entre otras.
El segundo gran pilar de nuestro plan, son la medidas destinadas a reducir las pérdidas. Y aquí es importante resaltar, que hay dos tipos de pérdidas. Por un lado, existen pérdidas técnicas, que vamos a afrontar con la puesta en marcha de un plan de expansión, que supondrá una inversión de 220 millones de dólares, para el cual ya se ha identificado financiamiento con Agencias de Exportación y Organismos Multilaterales.


