SANTO DOMINGO, 13 jul (PL).- Organizaciones de diverso corte de la sociedad civil dominicana instaron hoy al gobierno a "frenar el deterioro moral e institucional de los organismos del Estado y las estructuras políticas que les sirven de soporte".

En su comunicado, las agrupaciones aducen que "los signos de corrupción, ineficiencia, nepotismo, vandalismo y permisibilidad en los organismo del Estado son abrumadores".

Recuerdan en ese sentido que el presidente Leonel Fernández ha reiterado que "habrá permisibildad cero con la corrupción", pero aún está por verse el primer proceso judicial contra funcionarios corruptos.

Además de los firmantes, en su mayoría asociaciones de industriales, comerciantes, profesionales, la Iglesia católica en su revista semanal Camino exhortó a la población a evitar "que la impunidad se haga un hábito". Los llamados siguen a una serie de denuncias de nepotismo y mal manejo de fondos en instancias oficiales como la Corporación de Empresas Eléctricas, la Lotería Nacional y el Instituto de Recursos Hidráulicos.

En otro escándalo, dos semanas atrás, varios funcionarios de la Secretaría de Educación fueron sindicados de vender los resultados de las pruebas nacionales para el paso de secundaria básica a bachillerato.

Más de mil alumnos compraron los resultados, que recibían por medio de sus teléfonos celulares previo pago de mil 200 pesos (unos 34 dólares a la tasa del día).

Apenas la semana pasada, el gobierno creó una comisión especial para investigar alegaciones de venta irregular de combustible de una empresa eléctrica a la fábrica de cemento CEMEX, filial de una firma mexicana.

Los primeros indicios sobre el caso surgieron cuando a principios de mes un gremio de transportistas paralizó cinco puertos del país en protesta por la detención de los camiones de varios de sus miembros acusados de transportar contrabando.

El conflicto se dirimió con la intervención de las autoridades las cuales determinaron que la carga, un combustible destinado a la empresa generadora de electricidad ITABO, era desviada a la CEMEX.

La irregularidad radica en que la fábrica de energía está eximida del pago de impuestos por las importaciones de combustible, a diferencia de la usina de cemento.