SANTO DOMINGO, 6 may (PL).- Una declaración dominicana de repudio a la decapitación de un haitiano por una turba en una calle capitalina ha resultado insuficiente para disminuir el disgusto oficial haitiano por el hecho.

El gobierno dominicano condenó de manera firme el hecho y el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, lo calificó de "acto de barbarie", al tiempo que prometió una investigación en profundidad.

La repercusión del hecho provocó que legisladores en Puerto Príncipe pidieran que el embajador haitiano aquí, Fritz Cineas, sea llamado a consulta, que en lengua diplomática significa una disminución del nivel de las relaciones y una muestra patente de desagrado.

El presidente del Senado haitiano, Kelly Bastien, demandó al gobierno una manifestación firme de repudio "ante la gravedad del crimen".

La situación se muestra peliaguda para las autoridades dominicanas, que de satisfacer la demanda de su vecino se granjearía el desagrado de sus gobernados.

En términos objetivos, el hecho, ocurrido en plena vía pública, fue apoyado por los residentes de la zona, para quienes se hizo justicia expedita, según los criterios recogidos.

La víctima, identificado como Carlos Nerilus, fue acusado en principio de haber decapitado por razones desconocidas a un dominicano para el cual trabajaba.

Otra versión afirma que el occiso no fue el que cometió la acción, sino su hermano, que está prófugo.

Una fuente que prefirió el anonimato dijo a Prensa Latina que las averiguaciones de la policía están en un callejón sin salida pues los interrogados rehúsan singularizar al verdugo y coinciden en que la decapitación corrió a cargo "de la multitud".

Salvando las diferencias, el caso semeja a la obra teatral Fuenteovejuna, del español Lope de Vega, en la cual todos los miembros de una comunidad se responsabilizaron por la muerte del abusador alcalde del pueblo para eludir la acción de la justicia oficial.