LIMA, 07 abr.- En un inédito e histórico fallo, un tribunal de la Corte Suprema condenó el martes a 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori por los delitos de homicidio por dos matanzas cometidas por un escuadrón de aniquilamiento, y por el secuestro de un empresario y un periodista durante su gestión.
El veredicto, dado a conocer tras 16 meses de audiencias, generó sentimientos de indignación entre los simpatizantes fujimoristas y expresiones de satisfacción por parte de los familiares de las víctimas de las matanzas, y defensores de los derechos humanos.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema halló a Fujimori culpable como "autor mediato" de las matanzas, en base a una teoría legal, que señala la responsabilidad de quien comete un delito por medio de otros.
La teoría de la autoría mediata ha sido aplicada anteriormente en Argentina y Alemania, y también en Perú, en el caso del máximo líder del grupo subversivo Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua.
De inmediato, Fujimori, de 70 años, afirmó que apelará el fallo, cuya lectura tomó poco más de tres horas.
"Interpongo recurso de nulidad", dijo, cuando se le requirió expresar su posición con respecto a la sentencia.
De acuerdo con la pena, el ex presidente podría salir libre de prisión el 10 de febrero del 2032, pues se ha tomado en cuenta los dos años de reclusión que ya ha cumplido a la fecha.
Fujimori, y sus dos hijos, Keiko Sofía y Kenji, presentes en la audiencia, reaccionaron con tranquilidad al oír el fallo. Luego el ex presidente abandonó la sala judicial sonriendo y saludando con la mano en alto a sus allegados.
César San Martín, presidente del tribunal, dijo que los crímenes cometidos constituyeron "la más grave y severa desvaloración de la persona" por parte de Fujimori.
El fiscal José Peláez, quien había pedido 30 años de cárcel, dijo a la corte que se consideraba satisfecho. Posteriormente, declaró que el veredicto "es un ejemplo de lo que es hacer justicia en un estado de derecho".
Se prevé que el proceso de apelación y la revisión del caso tomará unos cuatro meses.
Fujimori, que gobernó autoritariamente Perú durante una década (1990-2000), fue acusado de homicidio, desaparición forzada y lesiones graves por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), cometidas por un escuadrón de aniquilamiento del ejército, que los acusó a las víctimas de ser terroristas. Además fue acusado por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, y del empresario Samuel Dyer, en 1992.
Fujimori ya cumple una sentencia de seis años de cárcel por usurpación de funciones y enfrenta otros dos procesos penales por corrupción.
Con este fallo, Fujimori se convirtió en el primer presidente constitucional en el mundo en ser condenado en su propio país por violaciones a los derechos humanos, destacaron observadores internacionales.
"Este es un día histórico", dijo Javier Zúñiga, observador de Amnistía Internacional. "No todos los días se ve a un ex jefe de estado siendo sentenciado por violaciones a los derechos humanos como la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas. Esperamos que este sea el comienzo de muchos procesos judiciales, tanto en América Latina como en el mundo", agregó.
En las afueras de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía, donde se desarrolló el juicio y donde se encuentra recluido, cientos de simpatizantes fujimoristas protestaron al escuchar el veredicto a través de una pantalla de televisión.
"Muy grande es mi indignación de escuchar un fallo lleno de odio y venganza... el fujimorismo no se va a quedar de brazos cruzados, vamos a salir a las calles a manifestar nuestro apoyo abierto al mejor presidente del país", dijo Keiko Sofía Fujimori, quien encabeza las preferencias electorales para los comicios presidenciales del 2011.
"Si piensan que con eso nos van a debilitar políticamente se equivocan... el fujimorismo seguirá avanzando, hoy estamos primeros en las encuestas y continuaremos así", declaró.
Los fujimoristas gritaban "Fujimori inocente", mientras los familiares de las víctimas, respondían "Fujimori asesino", lo que provocó un enfrentamiento que dejó al menos una persona herida.
Fujimori se había declarado inocente afirmando que nunca ordenó las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ni conoció las operaciones clandestinas del grupo Colina, autor de los asesinatos, además que defendió su estrategia de pacificación de la que dijo que no se arrepentía sino se enorgullecía.
En Barrios Altos, en Lima, 15 personas fueron acribilladas con ametralladoras con silenciador cuando participaban en una reunión social. Cuatro personas sobrevivieron. En la Universidad de La Cantuta, nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados y asesinados, y sus cuerpos incinerados y enterrados en las afueras de Lima.
El tribunal declaró que las 25 víctimas y los cuatro sobrevivientes "no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso, ni integraban esa organización criminal".
Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados, dijo que "es la primera vez que la justicia está a la altura de lo que exige la historia en la lucha contra la impunidad".
El tribunal estableció que nunca hubo por parte del gobierno de Fujimori una voluntad de esclarecer los crímenes, sino más bien se instauró un "mecanismo de impunidad" y "encubrimiento".
"Se está en consecuencia ante indicios múltiples que explican el contexto, la comisión de los cuatro delitos, y las acciones de encubrimiento ulterior, que en línea común, apuntan derechamente a la culpabilidad del acusado Fujimori", señala el texto de la sentencia.
Fujimori gobernó concentrando todos los poderes del estado hasta noviembre del 2000, cuando un escándalo de corrupción comprometió su gobierno por lo que huyó a Japón. Allí vivió por cinco años amparado en su nacionalidad japonesa para evadir una extradición.
En el 2005 abandonó Tokio con rumbo a Chile, donde fue detenido y posteriormente extraditado a Perú en septiembre del 2007.